Ribera da marcha atrás y librará del recorte a las eléctricas que ofrezcan precios «razonables» a industrias
La vicepresidenta ha anunciado su intención de «completar» este plan de choque «en las próximas semanas» con «medidas adicionales
El decretazo del Ministerio para la Transición Energética que recorta drásticamente los ingresos de las centrales nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables fue convalidado en la tarde del jueves por el Congreso con el voto en contra del PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias, y la abstención del PNV, Junts y PDeCAT. Sin embargo, este trámite quedó finalmente muy diluido porque horas antes la titular de ese departamento, Teresa Ribera, había confirmado que en las próximas semanas introducirán «medidas adicionales» que excluyan del decretazo a «los contratos a plazo con las industrias con precios que no sean tan altos como marca el mercado mayorista».
Así explicó la ministra, «para que lo entiendan mis hijas», lo que es una rectificación en toda regla después de las presiones ejercidas por las principales compañías eléctricas –que verían recortados sus ingresos en unos 2.600 millones de euros–, de los grandes grupos industriales y de algunas formaciones políticas, como el PNV.
Tanto Ribera como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían justificado esos recortes en que dichas centrales estaban recibiendo unos beneficios extraordinarios por los elevados precios de la electricidad en el mercado mayorista debido al alza del gas, materia prima que no utilizan esas plantas.
Error de cálculo
Sin embargo, las eléctricas han demostrado que la mayor parte de la electricidad la tienen vendida a través de contratos a largo plazo, no en el mercado diario, por lo que no se estarían aprovechando de esos beneficios extraordinarios.
El monumental enfado de las compañías del sector ya obligó a Teresa Ribera a reunirse en los últimos días –lo que no hizo antes de aprobarse el decretazo– con sus primeros ejecutivos bajo el eufemismo de «aclarar» el contenido y alcance del decretazo, como dijo Sánchez.
Precisamente, el miércoles por la tarde terminó la ronda de encuentros con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que ha sido el más beligerante públicamente contra el decretazo, tal y como recogió ABC en una reciente entrevista. Sobre la reunión con Galán, Ribera dijo ayer que había sido «larga e intensa», en la que ambas partes manifestaron sus «distintos puntos de vista», aunque la ministra se queda con que «se entiende que en momentos excepcionales hay que arrimar el hombro y buscar soluciones para la industria». Aseguró que vio una «actitud positiva» por parte de Galán. «Sienten o dicen que quieren arrimar el hombro, creo que eso es lo importante».
La ministra justificó la ‘enmienda’ a su propio decreto afirmando que el objetivo es no aplicar este recorte a «quienes garanticen ‘ex novo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».
«Tienen razón»
AAdmitió que las eléctricas «tienen razón, que eso quedó poco explicitado y merece la pena desarrollarlo con total precisión». No obstante, no matizó si esa aclaración se traducirá en un nuevo decreto ley a expensas de concretar qué cambios se introducen.
Y explicó que «las previsiones de septiembre (cuando se aprobó el decretazo) han quedado desfasadas», algo que «obliga a revisar medidas adoptadas ya» y «adaptarlas», ya que los precios del gas «se han multiplicado por tres desde septiembre».
Por la mañana, en el debate sobre la convalidación del decreto, la ministra adelantó que el Gobierno negocia con eléctricas e industrias las condiciones de los contratos de suministro para las empresas con gran consumo energético ante la escalada sin fin del precio de la electricidad, por encima de las previsiones del Gobierno. «La industria necesita que esto se produzca, si no, es muy difícil que pueda afrontar el encarecimiento súbito que tiene el mercado diario y lo más razonable es ponernos de acuerdo en la duración de esos contratos», explicó.
Cabe recordar el caso de la siderúrgica vasca Sidenor, que ha anunciado una parada de su producción durante 20 días hasta finales de año por los altos costes de la energía.
En este sentido, señaló que, a la hora de formalizar estos contratos, en caso de que se suscriban a precios anteriores a esta escalada, serían las eléctricas las que asumirían el riesgo salvo que se trate de su propia generación».
Avales del Estado
Así, una de las cuestiones en las que trabajaba el Gobierno para facilitar contratos estables de suministro a plazo fijo es la participación pública a través de avales, en línea de los del fondo para fomentar el suministro estable a la industria electrointensiva.
La razón para propiciar nuevos contratos a precios asequibles responde a que la industria «solo tiene contratado un 30% de su suministro a precios fijos, dependiendo del suministro en el mercado mayorista, y por tanto dependiente de la evolución diaria. «La afección a la industria es mucho más alta de lo que pensábamos», añadió.
Por otra parte, los casi 1,2 millones de clientes que cuentan con el bono social eléctrico tendrán limitada la subida de las tarifas de la luz, según anunció la ministra, para reducir el impacto del encarecimiento de las facturas de este colectivo vulnerable..
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