Repsol inicia el proceso de arbitraje internacional contra la expropiación de YPF

Antes de ello, la empresa presidida por Antonio Brufau dispondrá de seis meses para buscar «una solución negociada» con la Casa Rosada. Aunque el margen de maniobra parece reducido, dado el amplio apoyo recabado por la presidenta argentina en el resto de partidos presentes en el Senado.

Mediante este recurso, la compañía exige que «se declaren ilícitos » los daños ocasionados por la nacionalización de la antigua filial argentina, así como que se condene al país austral al reintegro o la reparación integral por los perjuicios económicos derivados de la decisión del gabinete de Kirchner.

La compañía apela a los acuerdos bilaterales (los llamados tratados de promoción y protección, APPRIs) para proteger las inversiones de las empresas de ambos países. Brufau, poco después de la nacionalización de YPF, valoró en 10.500 millones de dólares (más de 8.000 millones de euros) la participación de Repsol en la petrolera argentina, importe que fijó como base para fundamentar las reclamaciones posteriores.

Repsol sostiene que Buenos Aires ha vulnerado diversas reglas de dichos tratados, como aquellas que condenan las actuaciones « discriminatorias », y ha prescindido de las garantías previstas por dicho texto, «que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria», aunque el motivo esgrimido por el Gobierno expropiador sea la utilidad pública.

La compañía recuerda que tanto los decretos como la normativa de expropiación se dirigen únicamente en contra de los intereses de la empresa española , «sin interferir directamente en la participación de los demás accionistas de YPF y de Repsol YPF Gas, ni afectar a cualquier otra compañía de hidrocarburos presente en el país».