CC.OO. propone una quita «a la griega» para las hipotecas

El sindicato cree que las entidades del sistema financiero deberían tratar de evitar por todos los medios nuevas ejecuciones hipotecarias que sólo sirven para engordar sus dudosas carteras de activos inmobiliarios y sus necesidades de provisión. Por ello, «aconsejan» reforzar «las medidas de renegociación de deuda», alargando los tiempos de amortización con intereses «más adecuados», si es necesario «inferiores». En definitiva, una quita «a la griega» sobre las condiciones pactadas.

CC.OO. ha lanzado la iniciativa en una rueda de prensa, encabezada por su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, en la que el sindicato ha explicado sus propuestas en materia fiscal y financiera para el 20-N. El abanico de medidas para lograr el saneamiento del sistema financiero y la recuperación del flujo del crédito incluye una recapitalización a partir de los fondos públicos del FROB, pero de obligada devolución por las entidades beneficiadas.

Para ello, proponen que la banca suprima temporalmente el reparto de dividendos y redestribuya los beneficios, así como establecer una tasa a las transacciones financieras que compense parte del coste que asume el erario público. El sindicato pide también «control y límites a las retribuciones de los primeros ejecutivos y administradores, sobre todo de las entidades que reciben apoyos públicos». CC.OO. también pide volver a crear una banca pública y, en esta línea, pide «reforzar el papel» del ICO y reorientar sus productos.

Por la vertiente fiscal, el secretario de Estudios, Rodolfo Benito, expuso que el objetivo principal es aumentar los ingresos tributarios del Estado hasta en dos puntos porcentuales del PIB , para poder cumplir los objetivos de déficit que establece Bruselas, con una mayor aportación de todos los niveles de ingresos y fuentes de rentas y con tributos más progresivos. Así, CC.OO. plantea una tarifa progresiva de los tipos de gravamen para las rentas del capital del 18% al 25%, un tipo específico del 51% en el IRPF para aquellos ciudadanos con rentas superiores a los 500.000 euros, y la sustitución de la estimación objetiva por la directa en el caso de la tributación de los autónomos.