La UE propone bajar el presupuesto para las regiones y la agricultura

Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía serían las comunidades relativamente más perjudicadas si este fuera el presupuesto aprobado, aunque, por otro lado, se calcula que España ya será en uno o dos años contribuyente neto al presupuesto europeo, es decir, que su dependencia de los fondos comunitarias es cada vez más relativa.

Los recortes previstos en esta propuesta perjudican sobre todo a los países del grupo de «amigos de la cohesión», del que España forma parte junto a los del este de Europa, que esperan ser los grandes beneficiarios de las ayudas de este periodo presupuestario. Sin embargo, el presidente del Consejo acepta que se mantenga el llamado «cheque británico» por el que a Londres se le reintegra una parte de sus contribuciones, puesto que el primer ministro británico David Cameron está recibiendo enormes presiones políticas para que vete los presupuestos europeos.

La Comisión Europea ha pedido un total de 1.033.000 millones de euros y dice que el paquete de Van Rompuy «preserva el equilibrio y el orden de prioridades» de su proyecto, aunque se queja de que «prevé significativas reducciones en las cantidades atribuidas» (lo rebaja en 75.000 millones) por lo que asegura que sigue pensando que su proposición es mejor «para promover el crecimiento y el empleo».

Los países contribuyentes exigen que los gastos se reduzcan al menos del orden de cien mil millones de euros , todavía muy lejos de la propuesta del Consejo y de lo «que pueda ser aprobado por el Parlamento Europeo» que actualmente está demostrando una rigidez inédita en estos aspectos.

Van Rompuy propone reducir 29.500 millones los fondos de cohesión y recortar las ayudas agrícolas en casi 25.500 millones . A cambio, afirma que intenta preservar los gastos en las políticas de investigación e innovación, sin afectar tampoco los gastos administrativos. Esos recortes significan forzosamente que todas las regiones españolas que son receptoras de ayudas recibirían menos dinero. Debido a su aumento relativo de renta per cápita respecto a los países recién ingresados, relativamente mucho más pobres, algunas regiones españolas ya saben que las ayudas van a reducirse de todos modos.

Se trata de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia consideradas en Bruselas como «regiones en transición» porque su nivel de renta se sitúa ahora entre el 75% y el 90% de la media de la UE. Extremadura, con una renta inferior al 75% de la media comunitaria y Canarias por ser «ultraperiférica» mantienen las previsiones de recibir ayudas similar al periodo anterior, aunque también bajarían si el presupuesto aprobado es inferior. Por el contrario, Galicia alcanza ya el 91% y por ello ya no tiene derecho a seguir recibiendo ayudas.