La crisis frena las políticas municipales de medio ambiente y ahorro energético

Lo que más han realizado los municipios españoles han sido acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero , la implantación de energías renovables en los edificios, el lanzamiento de campañas para fomentar el uso eficiente de la energía y el incremento de áreas verdes en los planes urbanísticos. « La mayor parte de los ayuntamientos han comenzado a tomar medidas para luchar contra el cambio climático», dijo Iñigo de la Serna, presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima .

Fueron 134 los ayuntamientos que respondieron a la encuesta realizada por la Red. Un 65% dijo estar elaborando un plan para contener las emisiones de gases de efecto invernadero , un 76% dijo contar con acciones de sensiblización para el uso eficiente de la energía, y un 68% implanta energías renovables en sus edificios . Además un 58% realiza auditorías energéticas, para controlar la ejecución de estos planes. Así el informe destaca que entre 2005 y 2010 las emisiones de los sectores de energía, residuos y agricultura han disminuído un 5,8% .

El control de la emisión de gases de efecto invernadero parecería ser de las cosas en que más hincapié han puesto los municipios españoles. Un 48% de ellos tiene previsto constituir un órgano de seguimiento y control de las emisiones de estos gases. Aunque -otra vez la crisis- en un 78% el presupuesto será menor a 25.000 euros .

Pero no pasa lo mismo con el resto de las las políticas medio ambientales. En cuanto al uso racional de energía, el panorama cambia. Apenas un 15% de los municipios dijo utilizar energía térmica en sus nuevas edificaciones. Y los que lo hacen, son los ayuntamientos de mayor tamaño. A su vez un 0,8% de los municipios cuentan con planes de certificación energética en edificios municipales.

«Estas acciones son las que más disparidad de nivel de aprobación presentan entre los diferentes grupos de población, a pesar de la nueva obligatoriedad de certificación energética en edificios públicos y privados establecida por real decreto», destaca el documento. La Red estima que esto podría entenderse por « la situación económica actual la cual ha limitado substancialmente la creación de nuevos edificios ».

Otras cosas parecen más sencillas de implementar. Un 52% de los municipios dijo estar incrementando las áreas verdes y de esparcimiento comprendidas en sus planes urbanísticos . Y no son planes de poca monta. Un 46% supera los 500.00 euros y apenas un 30% tiene un presupuesto menor a los 25.000. «Esta disparidad de precios demuestra la variabilidad de estrategias para incrementar el verde urbano de los municipios», señala el informe. Porcentajes, además, que esperan que aumenten tras la aprobación del real decreto que contempla la certificación de eficiencia energética también para edificios ya existentes.

Además la mayoría de las acciones que sí se implementan, se hace con mayor frecuencia en los gobiernos territoriales grandes que en los pequeños. Por ejemplo, un 59% de los municipios de más de 150.000 habitantes tiene planes para contener las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, apenas un 26% de los municipios de menos de 20.000 habitantes tiene normas aprobadas en relación al uso de energía térmica en las edificaciones.

De todas formas lo que es común para todos es que la crisis económica ha impactado, incluso, en el bajo índice de aprobación de ordenanzas fiscales por motivos ambientales. Según el informe fue apenas un 22,26% de los municipios los que respondieron estar haciendo uso de estas bonificaciones. Y la tendencia es a que el índice se mantenga todavía bajo. «La situación de crisis económica actual hace que cada vez sea más difícil la aplicación de políticas y estrategias en la lucha contra el cambio climático ya que no se dispone de los recursos necesarios para su implantación».

Ante esto, la alternativa parecería ser la intervención privada. El presidente de la Red Española de Ciudadanos por el Clima, de hecho, lo señaló como la «materia pendiente». «Hoy solo un 16% de los ayuntamientos ha insistido por la vía de la colaboración público-privada ». Los acuerdos con privados del sector térmico y fotovoltaico, por ejemplo, siguen teniendo baja representatividad, pero han aumentado a un 30% de las acciones totales realizadas.

Un punto que también afirmó el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Juan Ignacio Zoido, para quien la economía verde debe verse como « una oportunidad para explorar nuevos nichos de producción de empleo y desarrollo económico».