Planas no logra calmar al campo, que seguirá dando la batalla

La nueva norma, que se tramitará como proyecto de Ley, viene a paliar lo que el titular de Agricultura denominó como «un desequilibrio de los eslabones de la cadena alimentaria», en contra de los agricultores y ganaderos. El real decreto, que entrará hoy en vigor, establece varias modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2013, así como medidas en los ámbitos laboral y fiscal. La distribución mostró sus «dudas» sobre la efectividad de la inclusión de los costes de producción en los contratos con los agricultores.

Sobre la cadena alimentaria: el decreto establece la prohibición de las ventas a pérdidas, es decir, se acabó vender por debajo de coste aunque establece dos excepciones: la primera en el caso de los productos perecederos , para evitar el desperdicio alimentario. La segunda, en aplicación de una sentencia europea, que permite descuentos y promociones al consumidor por parte de la distribución si esta asumen el coste.

El decreto de Agricultura también establece la obligatoriedad de incluir los costes de producción en los contratos, que celebren los agricultores con la industria y la distribución. Estos serán un factor obligatorio para determinar los precios de venta agrarios, que no podrán ser inferiores a los costes de producción. Además quedarán prohibidas las «promociones engañosas» , es decir, aquellas que puedan «inducir» a error sobre el precio o la imagen del producto.

De igual modo, se establece la publicidad de las infracciones graves y muy graves contra la cadena alimentaria, que sean firmes por la vía administrativa y judicial. En este sentido, la obligatoriedad de formalizar un contrato o modificar los precios acordados pasarán a ser infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros . Por otro lado, la norma rebaja las peonadas necesarias para beneficiarse del subsidio agrario de 30 a 20 días.

Además da luz verde a las bonificaciones a la Seguridad Social, para la conversión de los contratos temporales de los trabajadores del campo a indefinidos o fijos discontinuos. El decreto también introduce flexibilidad en el IRPF para los jóvenes agricultores, que podrán tributar las ayudas a la primera instalación en cuatro años.