Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - JAIME GARCÍA

Un placebo de última hora para el mal del paro de larga duración

Mas de 1,5 millones de personas llevan más de un año sin lograr trabajo, y los expertos dudan de que el plan de choque del Gobierno ofrezca una solución estructural

MadridActualizado:

Es una de las facetas más dolorosas del insoportable problema del paro en España: 1.552.000 personas, el 47% del total de los desempleados, llevan al menos un año buscando un empleo sin éxito, según los datos de la EPA del último trimestre de 2018. La cifra queda lejos de los 3,6 millones que se encontraban en idéntica situación en el primer trimestre de 2014, pero todavía multiplica por cuatro los niveles precrisis. Aunque el acervo popular reza que no hay mal que dure cien años, abrir las puertas del mercado laboral se convierte en una auténtica travesía por el desierto para miles de españoles, en especial para las personas mayores (un 68% de los parados de larga duración superan los 45 años) y las mujeres (64% del total). Casi el 70% de los parados, 1.089.900 personas, suman más de dos años sin empleo.

En una de las extemporáneas iniciativas de los «viernes sociales», el Consejo de Ministros del día 7 aprobó el denominado plan «Reincorpora-t», un programa trienal (2019-2021) destinado a atemperar el drama con 63 medidas que van desde la orientación personalizada al fomento del emprendimiento o las bonificaciones a la contratación. El plan está dotado con 1.300 millones, aunque si se suma la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y la cotización de personas dedicadas a cuidados familiares, medidas aprobadas anteriormente, la dotación crecería hasta los 4.000 millones.

A pesar de señalar que es un paso «en la buena dirección», CC.OO. y UGT tampoco tardaron en destacar que el plan «carecía de un diagnóstico pormenorizado del problema» y en reprochar que «una parte importante de las medidas no son vinculantes, sino recomendaciones. La ejecución y aplicación de las medidas dependerá de cada comunidad y de las administraciones competentes, de su buen hacer y de su compromiso, lo cual no garantiza la igualdad de trato y la correspondiente igualdad de oportunidades a los desempleados de larga duración independientemente del lugar de residencia». Los sindicatos insisten también en «la necesidad de realizar la reserva de crédito que garantice los recursos económicos para el plan».

Políticas activas de empleo

Los expertos coinciden en la apreciación de que el plan es más un remiendo que una solución definitiva. «Hace un buen diagnóstico del paro de larga duración y de los puntos en los que hay que actuar. Y es un acierto poner el acento en las políticas activas de empleo. Pero sigue habiendo un problema de fondo que no solventa, y es que nuestro mercado laboral no es eficiente», apunta José Luis Álvarez, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra. «No llega a acuerdos claros, ni creo que la dotación sea la panacea. No sé si con esos recursos van a conseguir un impacto global. Pero el verdadero problema es que se van retocando elementos del mercado laboral, pero nunca nos ponemos a pensar cuál es el modelo qué queremos, hacia dónde vamos... Sería necesaria una solución de conjunto capaz de generar empleo estable y frenar la dualidad que tenemos», subraya Álvarez.

Emilio González, profesor de Economía de Comillas ICADE, recuerda que «el primer componente que tiene el paro de larga duración es una falta de adecuación de los cualificaciones profesionales a las exigencias del mercado de trabajo. Sin tener esto en cuenta, ningún plan de este tipo saldrá adelante». González apunta además que medidas como la recuperación de la ayuda de 470 euros a parados de larga duración puede tener un efecto negativo en ese proceso de puesta al día formativa. «Ese tipo de subsidios debería estar condicionados a que las personas hagan un esfuerzo de recualificación. Y no veo que el plan avance en ese sentido», concluye.

Más de un millón de los parados de larga duración, casi el 70%, llevan más de dos años sin trabajar

El profesor de Comillas Icade también considera que el plan obvia la necesidad de «conectar geográficamente la oferta de empleo con la demanda. La gente debe ser consciente de que no siempre va a haber trabajo en la ciudad en la que vive. Esta resistencia a la movilidad en España está muy vinculada a la vivienda en propiedad, porque vender una casa con rapidez no es sencillo ni rentable. Por eso es fundamental introducir cambios en la normativa laboral para estimular esta movilidad».

Andreu Cruañas, presidente de la patronal de agencias privadas de colocación (Asempleo), valora que el plan «supone un esfuerzo, sobre todo de coordinación de un conjunto de medidas que, en buena parte, ya estaban vigentes. Pero dotarlas de un sentido, un objetivo y un seguimiento y evaluación puede mejorar su eficacia». Cruañas coincide en que «la apuesta por las competencias clave y la digitalización será determinante en la reintegración al mercado de una parte importante de las personas en búsqueda de empleo». Sin embargo, subraya que «es necesaria una mayor vinculación entre las políticas activas del plan (orientación, formación, colocación) con las políticas pasivas, o sea, con las ayudas económicas». El presidente de Asempleo cree que el programa del Gobierno «insta a consolidar e impulsar el papel que desarrollan las empresas de trabajo temporal en la gestión de la temporalidad». Y también destaca el acierto «de atacar formas de fraude y subempleo como son los falsos becarios y los falsos autónomos».

«No destaca por su ambición»

Jorge Guelbenzu, director general de Infoempleo, considera que «es un plan muy necesario para España», pero subraya que «no destaca por su ambición. De hecho, parte de las medidas ya habían sido aprobadas con anterioridad. Dicho lo cual, me parece que cualquier acción que se ponga en marcha en este ámbito es bienvenida, siempre que se acompañe de un sistema de seguimiento y evaluación eficaz y eficiente. Necesitamos detectar qué políticas no dan resultado para poder invertir los recursos donde sí funcionan, y en esto siento decir que hemos fallado mucho».

Para Guelbenzu, la principal debilidad del plan es su falta de obligatoriedad. «Las políticas activas de empleo están cedidas a las comunidades y son ellas las que decidirán qué medidas ponen en marcha y cuáles no. ¿El resultado? Un país a 17 velocidades diferentes en una materia vertebradora como es el empleo, que requeriría un verdadero consenso nacional», subraya.

Los expertos coinciden en subrayar la necesidad de aumentar y adaptar la cualificación a la realidad laboral y de profundizar la personalización de la orientación, pero también en la dificultad que afrontan los parados mayores de 45 años. «Por mucho que se formen y se invierta en ello, no tienen la menor oportunidad de defender su candidatura a un puesto de trabajo, porque la mayoría de las ofertas los rechazan de entrada», afirma Emilio González. «Necesitamos incidir en la erradicación de un prejuicio que nunca debería haber llegado a arraigar en nuestra sociedad: no se puede excluir a un profesional por tener 45 años y/o por ser mujer. No hay ni una sola razón objetiva que lo justifique», coincide Guelbenzu. «En esta sociedad hay un sesgo importante contra los mayores que no se arregla solo con formación ni con este plan, se necesitan medidas de discriminación positiva (bonificaciones en la cotizaciones, subvenciones...) para que las empresas cambiaran su actitud». defiende González. Una vez roto ese muro de prejuicios, «el trabajador veterano tiene que entender que debe formarse, y que igual tiene que cambiar de profesión y ajustar sus aspiraciones salariales. No es fácil, pero asumir estas circunstancias es lo que puede abrir una oportunidad», concluye el profesor de Comillas-ICADE. Y es que nunca debería ser demasiado para tener un futuro laboral.