Las peticiones de la CEOE al nuevo Gobierno: Eliminar Patrimonio y bajar impuestos a las empresas

1. Fomentar el espíritu empresarial.

Eliminar las barreras al aumento del tamaño de las pymes, fomentar la cultura y la vocación empresarial, especialmente desde el ámbito educativo e impulsar la creatividad y la innovación dentro de las empresas.

2. Formación para crecer.

La formación permite incrementar el capital humano y la productividad de la economía, lo que hace que sea un factor clave de competitividad empresarial y, por tanto, del crecimiento y la generación de empleo a futuro. Una educación de calidad debe alinearse con las necesidades reales de las empresas.

3. Reforzar la innovación y la digitalización.

Elevar el gasto en I+D+i al 3% del PIB como marca la Estrategia de Lisboa. Reclaman que la digitalización se incorpore a la agenda política, social y económica del Gobierno.

4. El reto de la sostenibilidad.

La sostenibilidad debe ser el eje en el que se instrumente la descarbonización de la economía y la consiguiente transición en materia de energía, clima y economía circular.

5. Internacionalización de la economía.

Para aumentar la base exportadora y continuar con el proceso de internacionalización de la economía aseguran que es clave potenciar los sectores más expuestos a la competencia internacional. «Culminar el mercado único europeo es esencial para que nuestras empresas puedan generar economías de escala y competir con sus principales competidores en terceros mercados», recalcan.

6. Reformas estructurales.

La CEOE reclama al nuevo Gobierno que no revierta las reformas y que emprenda una nueva senda reformista que favorezca la competitividad en la actual fase de desaceleración. Recomienda proseguir la consolidación presupuestaria mejorando la eficiencia del gasto público

7. Consolidación presupuestaria.

Una de las principales debilidades de la economía es el elevado monto de deuda pública acumulado en la última crisis. Para disminuir estos niveles hay que avanzar en el proceso de consolidación fiscal evitando incrementos adicionales del gasto público estructural. Además, se deberían incorporar criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y de evaluación continua para mejorar la eficiencia del gasto público de las Administraciones Públicas, así como intensificar la lucha contra la economía sumergida.

8. Impuestos competitivos.

Los resultados de la mejora de la eficiencia del gasto y de la reducción del fraude deben destinarse a reducir la tributación empresarial para hacerla más competitiva. Dicen que la tributación patrimonial en España es de las más elevadas del mundo desarrollado con la consiguiente penalización del ahorro y de la inversión empresarial. Estos impuestos tienen escasa capacidad recaudatoria real y, en cambio, generan fuertes distorsiones en la actividad económica y en la atracción de talento y capital, por lo que resulta prioritario eliminar el Impuesto sobre Patrimonio y reducir Sucesiones y Donaciones.

9. Seguridad jurídica.

La seguridad jurídica es la mejor garantía para invertir en nuestro país. Es fundamental para crear un sistema en el que sea razonable prever las consecuencias económicas de las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos, lo que es indispensable para generar la confianza que facilite la inversión y el desarrollo económico y social.

10. Libertad de empresa y unidad de mercado.

La libertad de empresa debe ser no solo protegida impidiendo acciones que la restrinjan, sino también impulsada mediante actuaciones desarrolladas por los poderes públicos. Dicen que es preciso avanzar en la eficiencia para alcanzar los objetivos públicos sin imponer cargas innecesarias o desproporcionadas a las empresas, y coordinar las políticas territoriales (estatales, autonómicas y locales), que en ocasiones dificultan el ejercicio del derecho de la libertad de empresa. Por último, la unidad de mercado es clave para conseguir un libre e igual acceso y ejercicio de la actividad económica.este sentido, es necesario avanzar en la eficiencia para alcanzar los objetivos públicos sin imponer cargas innecesarias o desproporcionadas a las empresas, y coordinar las políticas territoriales (estatales, autonómicas y locales), que en ocasiones dificultan el ejercicio del derecho de la libertad de empresa. Por último, la unidad de mercado es clave para conseguir un libre e igual acceso y ejercicio de la actividad económica.