Los permisos de residencia en la UE, un negocio de 25.000 millones bajo la sombra de la duda

Estos visados de oro -que se obtienen a cambio de grandes inversiones inmobiliarias, en deuda pública, depósitos, etc.- se han otorgado en nuestro país a 24.755 inmigrantes . De ellos, 7.118 son chinos; 4.715, rusos; 4.327, estadounidenses; 3.233 indios; y 3.116, venezolanos, según un informe de Transparencia Internacional y la ONG Global Witness. El Estado miembro que más permisos de residencia ha otorgado en la UE y, también, el que más dinero recibe por esas invesiones: de media anual, 976 millones de euros , seguido de Chipre con 914 millones (en este caso a cambio de la ciudadanía) y Portugal con 670 millones.

El caso español llama la atención ante el fuerte aumento de los nacionales venezolanos. «S e han multiplicado por tres en el último año . Creemos que ante la complicada situación de inestabilidad en su país de origen deciden invertir en España», explica Óscar Larrea, director de Ventas de Barrio Salamanca de Engel & Völkers. Un fenómeno que no pasa desapercibido. Sin embargo, fuentes consultadas por ABC relatan que estos venezolanos prefieren no llamar la atención para que el foco no se centre sobre su llegada.

Larrea, además, constata que «los venezolanos y mexicanos vienen atraídos por el idioma y los lazos familiares. Sin embargo, el cliente chino sí da el perfil de inversión motivado por adquirir esa doble nacionalidad y beneficiarse de las ventajas fiscales que conlleva». En otras palabras: que los ciudadanos chinos que vienen atraídos por los visados de oro lo hacen con vocación de permanencia y para obtener la nacionalidad española y, por ende, la ciudadanía europea, además de para pagar menos impuestos.

Pese a todo, este mecanismo de atracción de inversiones -que en España vio la luz en 2013 con una nueva Ley de Emprendedores - no está exento de polémica. El citado informe de Transparencia Internacional y Global Witness alerta de que estas fórmulas suponen un riesgo para la UE en forma de corrupción y blanqueo de capitales. Es decir, que los visados de oro amenazan con atraer no solo a los grandes capitales sino también a quienes obtienen ese dinero de actividades ilícitas. «Más de 100.000 visados y 6.000 pasaportes se han vendido en la última década», dice Laure Brillaud , responsable de la Política contra el Blanqueo de Capitales de Transparencia Internacional. En consecuencia, la portavoz de la organización detalla que «los solicitantes no son debidamente examinados» y no se realiza un «nivel de control adaptado a los riesgos». Asimismo, Brillaud clama contra que no existe una política común europea sobre los visados de oro; que cada Estado miembro tiene potestad para ofrecer las condiciones que desee para las «golden visa». Por ejemplo, mientras que en España se requiere al menos una inversión inmobiliaria de 500.000 euros , en otras regiones esta cantidad llega hasta los 2 millones.

Otro reciente informe del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo alerta de que los visados de oro son un mecanismo utilizado para ocultar patrimonio a ciertas jurisdicciones; una fórmula de evasión fiscal entre países que, en este caso, perjudica a la UE si el visado de oro es de un paraíso fiscal o un país con secreto bancario que no colabore con Europa.

Brillaud, además, señala que hay otros riesgos derivados de que el Viejo Continente cuente con estos mecanismos: «Aumento de la presión sobre los precios de la vivienda, volatilidad en las inversiones y erosión de la confianza en las instituciones y entre Estados». Medidas que suponen fuertes ingresos, aunque con riesgo «ético y moral» por «comercializar» la residencia y/o ciudadanía .

Los visados de oro no han pasado desapercibidos para las instituciones comunitarias. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en 2014 que avisaba de que estas prácticas socavan el concepto mismo de ciudadanía europea. Entonces reconoció que «los derechos conferidos a través de la ciudadanía de la UE se basan en la dignidad humana y no deben comprarse ni venderse a ningún precio», al tiempo que animaba a la Comisión Europea a tratar el tema.

Dicho y hecho, cuatro años más tarde. La Comisión está preparando un informe sobre estas prácticas en la UE, describiendo cómo son los mecanismos en cada país. En él dará recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo actuar y, particularmente, sobre qué medidas adoptar para evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Este informe se espera que esté publicado para finales de este año, aunque fuentes de la Comisión Europea dejan entrever de soslayo el sentido que podría llegar a tener: «Los principios establecidos en el derecho internacional requieren la existencia de un vínculo genuino entre el solicitante y el país o sus nacionales». En otras palabras, las instituciones comunitarias dicen que estas fórmulas generan dudas respecto a su legitimidad ya que, en muchos casos, los visados de oro no están justificados por ningún vínculo entre las personas y el país más allá de la inversión realizada. En definitiva, una fórmula en la que los principales actores reconocen que no es «oro» todo lo que reluce .