La pérdida de solvencia de España complica la financiación de las grandes empresas

Hace más de un mes que en los mercados no se registran operaciones significativas ni por parte de las entidades de crédito, ni de las empresas o las comunidades autónomas. Todo está paralizado. Y esto es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que la banca española necesita financiar 85.000 millones de aquí a finales de año, de los que tan sólo ha podido completar unos 24.000 millones.

Un vistazo a las últimas emisiones de deuda «senior» de las principales empresas españoles revela el por qué de la sequía. Como se observa en el gráfico, la escalada de los costes de financiación de las compañías ha ido aumentando de manera inversamente proporcional a la caída en picado de la imagen de España en las plazas internacionales. Los inversores, igual que al Estado y a las entidades financieras, están exigiendo a las empresas unos intereses cada vez mayores para comprar sus emisiones de deuda. El riesgo de España pesa.

Frena su crecimiento

Las consecuencias pueden ser de calado. El cierre de los mercados primarios dibujan un escenario en el que las compañías tendrán que superar barreras cada vez más elevadas para poner en marcha nuevos procesos de inversión. Y esto no sólo pone en jaque la recuperación económica del país, sino también su potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

El problema también queda patente desde el punto de vista macroeconómico. La cantidad de dinero en circulación (es decir, la masa monetaria o agregado «M3») repitió en el mes de abril una contracción del 0,1%, una ligera caída que no debería llamar la atención de los economistas si no fuera porque el Banco Central Europeo (BCE) ha inyectado importantes cantidades de liquidez en el sistema y ha elevado su base monetaria hasta niveles muy elevados.

Sin crédito

Este contraste se explica porque el dinero, supuestamente en circulación, todavía no ha llegado a la economía real. Bancos y cajas no han abierto aún el grifo del crédito, una actitud que, además, se está cebando especialmente con las empresas. Según los datos de Ecowin, mientras las entidades financieras van recuperando poco a poco el crédito para las familias, el caso de las organizaciones empresariales es bien diferente. En concreto, desde el máximo registrado en enero de 2009, los préstamos a las empresas no financieras han caído un 4,5%, o lo que es lo mismo, se han prestado un total de 210.000 millones de euros menos.

Frente a un escenario tan complejo, las agencias de calificación crediticia se han convertido en un espejo en el que el Gobierno prefiere no mirarse. El «decretazo» para reducir el déficit público aprobado en mayo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiró por tierra sus felices previsiones macroeconómicas y forzó al Ejecutivo socialista a retocar sus cifras, reconociendo que el PIB no crecerá tanto como se esperaba en los próximos cuatro años y que la tasa de desempleo no se reducirá con tanta facilidad.

Rebajas del «rating»

Las agencias fueron más allá. Tampoco son partidarias de dar bandazos a la hora de afrontar reformas profundas. Y a España se lo hicieron saber rebajando su «rating» sobre la deuda soberana del país. De «AAA», la máxima nota, a «AA+». Primero fue Standard & Poor´s, en abril, y después, en mayo, Fitch. La «descalificación» de esta última ha desatado la tormenta. Está disparando el precio que el Estado paga por colocar su deuda, ha puesto en entredicho la solvencia de los bancos y las cajas de ahorro del país y, como última consecuencia, está dificultando la financiación de las empresas españolas. El pasado viernes, la prima de riesgo de la deuda a largo plazo se acercó a los 200 puntos básicos.