La CE lanza su plan antifraude en plena tormenta por los «papeles de Panamá»

La propuesta aprobada ayer por la Comisión no entraría en vigor en el mejor de los casos hasta 2018 y en el camino deberá vencer no pocos obstáculos por parte de algunos gobiernos y de las propias empresas. La patronal europea fue la primera en reaccionar ante un plan que considera negativo para sus asociados y que cree que hará que la UE deje de ser atractiva para las inversiones. «Apoyamos la lucha contra la evasión fiscal y hemos elogiado las propuestas anteriores, pero la actual de facilitar la información financiera de todas las compañías que operan en la UE corre el riesgo de debilitar el papel de las autoridades fiscales, así como de crear incertidumbre para las empresas».

Pero, al margen de este escueto comunicado, los comisarios responsables de esta propuesta, el de asuntos económicos, Pierre Moscovici , y el de Mercados Financieros, Jonathan Hill , no escucharon ningún discurso en contra de su propuesta, salvo los de los grupos más a la izquierda a los que les parece insuficiente. Así que parece poco probable que haya problemas para la aprobación de la iniciativa. El Partido Popular Europeo, en voz del español Pablo Zalba , ha pedido que tanto el Gobierno de Panamá como el gabinete de abogados Mossack-Fonseca comparezcan ante la Cámara. El portavoz socialista, el italiano Joanni Pitella pidió no solo una comisión de investigación, sino también «una conferencia internacional» contra el fraude fiscal.

La Izquierda Unitaria trazó incluso conexiones entre los «papeles de Panamá» y los atentados terroristas, la FIFA y todos los males del mundo. Los verdes, en boca del belga Philip Lamberts , denunciaron que la evasión fiscal «hace crecer el sentimiento de que la democracia se utiliza solo para beneficiar a unos pocos». El nombre del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en algunas referencias y probablemente acabará vinculado a la comisión de investigación cuya creación se discutirá mañana.

La Comisión afirma que ha llevado a cabo un amplio ejercicio de consultas con las propias empresas para redactar esta propuesta que les obliga a revelar cuánto dinero ganan y cuánto pagan en impuestos en todos los países europeos. Aunque, al final, los criterios utilizados son bastante parecidos a los de la OCDE. El límite de los 750 millones de cifra de negocios para que las empresas sean sometidas a la obligación de declarar obedece simplemente a la idea de que a partir de esa dimensión se puede suponer que son firmas que disponen de recursos para pagarse un ejército de abogados especialistas en evasión fiscal.

Pero el grueso del ejercicio que propone la Comisión –y que ya está en vigor para los bancos– se basa en la definición de lo que es un país «opaco» o «no cooperativo», es decir, en la existencia de una lista conjunta de países o territorios considerados como paraísos fiscales. La Comisión está segura de que la tramitación de la directiva se puede hacer por simple mayoría cualificada; y sus expertos están tratando de cerrar las puertas que podrían utilizar los países que tengan intención de intentar vetarla forzando un voto por unanimidad. Pero para la lista de paraísos fiscales está tratando de establecer una base legal sólida, teniendo en cuenta las implicaciones que podría suponer un revés jurídico sobre un asunto como este. Fuentes comunitarias confían, sin embargo, en que en este caso el proceso de negociaciones pueda ser un camino práctico para abordar con los países afectados un periodo de adaptación a las reglas de transparencia que se les exigirían para no estar en la lista.

Varios eurodiputados alertaron sobre las posibles consecuencias de la tramitación de una nueva legislación sobre la protección de secretos industriales que se lleva a cabo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que puede tener consecuencias que limiten la capacidad de los periodistas para investigar a las empresas u otras entidades en casos como el de los «papeles de Panamá».