El Pacto de Toledo vota sus recomendaciones sin acuerdo sobre la jubilación a los 67 años

Apremiados por el ultimátum del Ejecutivo para reformar las pensiones el próximo 28 de enero, el Pacto de Toledo ha acordado un borrador que recoge de forma explícita el desacuerdo en la edad de jubilación con la siguiente frase: «En materia de edad legal de jubilación no hay acuerdo».

Entre las 23 recomendaciones de la Comisión también se incluirá previsiblemente una censura a la congelación de las pensiones del próximo año , con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar «sin la consulta y el debate» previo del Pacto de Toledo.

Una vez se dé luz verde al texto, las recomendaciones pasarán a debatirse en el Pleno del Congreso del próximo 25 de enero, sólo tres días antes del Consejo de Ministro que prevé sacar adelante la reforma de las pensiones. Hasta el momento, PP, ERC-IU-ICV y BNG han manifestado su intención de presentar votos particulares, especialmente en el controvertido tema de la edad de jubilación.

Pese a estos varapalos en jubilación y congelación de las pensiones, la Comisión sí que deja manos libres al Gobierno para decidir los puntos más espinosos del futuro sistema público de pensiones.

Así pues, aconseja ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones desde los 15 años que se toman ahora como referencia y elevar la edad real de jubilación para ajustarla a la legal (65 años) e incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral por encima de los 65 años. Por ello, el Pacto de Toledo considera la prolongación de la vida laboral como un objetivo «necesario y deseable», ante la expectativa de evolución de vida después de los 65 años.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo reclaman además que la Seguridad Social asuma sólo los gastos correspondientes al «estricto» mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, por lo que ha considerado que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros en aras de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

De esta forma, deja en manos del Gobierno la decisión de si se asumen o no las desviaciones por IPC , tras ponerlo en conocimiento de la Comisión del Pacto de Toledo y justificarlo con las oportunas proyecciones macroeconómicas. Por otra parte, se considera «conveniente» estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Comisión pide también en las últimas recomendaciones incorporadas al borrador que se estudie la posibilidad de un «incentivo fiscal» con el objetivo de que los cónyuges «no presentes en el mercado de trabajo» puedan generar pensiones, así como mejorar los mecanismos para que el cuidado de los hijos se tenga en cuenta en el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una prestación.

El documento defiende que han de adoptarse iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus aportaciones económicas con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones «asimiladas al alta» a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con el objetivo de configurar derechos de pensión propios.