No pagar a tiempo sale gratis

Y lo hacen dos veces, al no cobrar de sus clientes y al pagar a la Administración por lo no cobrado mientras los primeros se deducen algo que no han pagado. Se establece así un macabro mecanismo de ingeniería financiera, propio de quien puede permitírselo y planificarlo, en el que los costes recaen sobre el que menos músculo financiero tiene para soportarlo. Por tanto, y pese a lo que muchos dicen, el problema ya no es cultural sino que estamos ante un sistema estructurado en el que retener los pagos a proveedores resulta la mejor y más barata vía de financiación que hay hoy en nuestro país.

No pagar a tiempo sale gratis y no sólo en coste, sino en sanciones. Es obvio que una Ley que establece unas normas, pero que no fija ni mecanismos de control de su cumplimiento ni sanciones por su incumplimiento, no puede cambiar nada.

La Ley de morosidad es, por ser sutiles, orientativa. Imaginemos, por un momento, qué sucedería si los límites de velocidad en carretera fueran orientativos y no respetarlos no conllevase ningún tipo de sanción. Por eso, los resultados son los que son, y pese a los esfuerzos de la Administración por auto-controlarse y que ha supuesto una mejoría sustancial de los plazos de pago a proveedores hoy en 78 días de media desde los más de 130 días que se llegaron a darse durante la crisis. Pese a ello, lo cierto es que hoy ni la Administración local, ni la autonómica, ni la estatal cumplen la Ley que establece en 30 días el plazo de pago. Pero al menos lo intentan, aunque unas más que otras, algo que, sin embargo, no sucede en el sector privado, en el que «sorprendentemente» las grandes pagan de media en 126 días mientras que empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos entre sí, lo hacen por debajo del plazo legal de 60 días.

Y las cosas no tienen pinta de mejorar. La morosidad afecta ya a la mitad de los más de tres millones de autónomos en España y un 20% de ellos tarda en cobrar sus facturas hasta 6 meses. Es evidente que hay que hacer algo, debatir menos sobre las causas y centrarse más en la solución.

Y la solución sólo pasa por la sanción. Penalizar a quien de forma sistemática, ya sean empresas privadas o entes públicos, incumplan los plazos de pago establecidos por ley es urgente. Como lo es que aquellas empresas que no cumplan no puedan acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social, ni puedan licitar con la Administración sin demostrar que han pagado a su cadena de proveedores. Eso es también responsabilidad social, pues la morosidad ha destruido y destruye negocios, autónomos, empleos y familias, y muchos siguen mirando hacia otro lado presumiendo de sus políticas de RSC. Que no pagar a tiempo en España salga gratis, ya nos ha costado y nos cuesta muy caro. Pongámosle un precio.