Moncloa da su aval a la fusión entre Caixabank y Bankia

¿Cuáles son estos objetivos? Montero, a preguntas de los periodistas, reclamó que se aborde todo lo que rodea a esta operación «con toda la cautela y discreción» respetando la autonomía de los órganos de dirección de las entidades involucradas. En concreto, la ministra destacó que ambos bancos expresaron que su unión tiene la intención de «responder con mayor garantía a los inversores y ahorradores» y expuso las metas que debería, a ojos del Ejecutivo, perseguir esta movimiento: la protección de interés general, la «voluntad del Gobierno de maximizar su participación en una de las entidades que se fusionan» (controla el 61,78% de BAnkia a través del FROB) y reforzar la estabilidad financiera del sistema bancario.

Lo que piensa que se cumple, junto a la condición de promover la cohesión territorial del país , algo que cree que contribuye el origen geográfico de ambos bancos y el hecho de que varias ciudades relevantes del país se hayan ofrecido a acoger la sede de la entidad que nazca de la fusión. En este sentido, ha añadido, que si se cumplen todos los requisitos anteriores «no tenemos en mente que se produzca ninguna reacción negativa» . En este sentido, ha descrito las buenas reacciones de la comunidad inversora especialemnte en la Bolsa.

Sobre lo que sucederá con la participación del Estado en el banco resultante , que se estima podría alcanzar el 14% y erigiéndose en el segundo accionista más importante tras la Fundación La Caixa (un 30% aproximadamente) aunque Montero ha pedido ir «paso a paso» también ha dejado entrever que no serán meros espectadores en la futura compañía: «Nos interesa ser capaces de que la participación pública este presente en la toma de decisiones», aunque ha matizado que sería «con respecto a la junta de accionistas, a la dirección...» y ha llamado a afianzar el papel del ICO en la respuesta contra la crisis.

Montero también se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras dar luz verde este martes al nuevo plan normativo que incluyen 171 propuestas de decretos y leyes, en el que ha confirmado que el calendario que sopesa el Ejecutivo es presentar el proyecto de Presupuestos «entre finales de septiembre y principios de octubre» .

En este sentido, se ha reafirmado en su idea de «acompasar la reforma fiscal al momento que vive el mercado laboral, las empresas y el desarrollo de los servicios públicos» y apuntado que «que habrá determinados ajustes en figuras fiscales, según el acuerdo programático entre Podemos y PSOE» aunque ha concluido que prefiere no «especular» hasta tener cerrado un acuerdo.