El abogado de la UE, contra la devolución total de las cláusulas suelo por su impacto económico en la banca

El 9 de mayo de 2013 el Alto Tribunal español declaró que las cláusulas suelo, que fijan el interés mínimo que el hipotecado pagará por su préstamo aunque el Euribor caiga por debajo y que ha impedido a miles de familias beneficiarse de los actuales bajos tipos, son nulas si el banco no informó debidamente de ellas al cliente. Posteriormente, y a la vista del impacto económico que podría tener para el sector financiero —hasta 7.600 millones de euros— , aclaró que no cabía la retroactividad total, y que las entidades solo debían devolver lo cobrado de más desde la fecha de esa sentencia de 2013. Aun así, algunos juzgados que estudiaban demandas por este caso decicieron consultar al Tribunal de Luxemburgo.

La opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE no es vinculante para el Alto Tribunal comunitario , pero en la mayoría de los casos le sirve de base y guía su sentencia final. El TJUE emitirá su falló previsiblemente antes de final de año, en noviembre o diciembre, según estimaciones de las fuentes financieras consultadas. Por tanto, no será hasta entonces cuando los bancos sepan con total certidumbre a cuánto ascenderá la factura de la devolución de las cláusulas suelo.

El letrado europeo utiliza básicamente dos argumentos para concluir que esa retroactividad se debe limitar. El primero, que el derecho de los consumidores no es absoluto. Y segundo, las «repercusiones macroeconómicas», dice el abogado de la UE, Pablo Mengozzi, que tendría para el sistema la compensación total. Un informe del Banco de España citado durante la vista oral celebrada el pasado abril elevaba ese coste hasta los 7.600 millones de euros. Las entidades más afectadas serían Caixabank, Sabadell, Popular y Liberbank, que ahora se disparan en Bolsa .

La limitación, dice el abogado, «es compatible» con la directiva europea que regula las cláusulas suelo, ya que esta «no determina las condiciones» en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones. Es decir, el abogado evita así entrometerse en la competencia judicial de cada país, algo con lo que la banca y la Abogacía del Estado venían presionando , más aún después del Brexit y el temor a que otros países sigan el ejemplo de Reino Unido