El juez imputa al ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano en el caso Villarejo

Los investigados -a quienes atribuyen los delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos , siempre en fase indiciaria- declararán los próximos días 4 y 5 de julio, según confirmaron ayer fuentes jurídicas. Sus comparecencias fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, la acusación pública que actúa en la causa. Además de Corrochano y Cano, los restantes citados también ejercieron labores de responsabilidad en la entidad en la época de Francisco González al frente del BBVA. El noveno investigado es Rafael Redondo , un abogado considerado la mano derecha de Villarejo según los investigadores.

Fuentes cercanas a la entidad financiera han explicado a ABC que el hilo conductor que conecta a los ocho investigados son sus l abores ligadas al área de la seguridad. Existen sospechas de que todos ellos habrían firmado algún documento o pago dentro de esas funciones, y como parte de sus entonces roles dentro de la burocracia interna del banco. Según las mismas fuentes, la citación de Cano no tendría por ello nada que ver con su condición de antiguo consejero delegado, un cargo que ocupó entre los años 2009 y 2015. De hecho, Ángel Cano era el responsable de medios de BBVA en la época de las supuestas grabaciones ilegales.

Más allá de Cano y Corrochano, los más conocidos, los demás investigados son Ignacio Pérez Caballero , director de red de banca comercial en la entidad; Javier Malagón , que ejerció como interventor general del banco y responsable de gastos; Antonio J. Béjar González , que fue director general de la división inmobiliaria de la entidad y actualmente es el consejero delegado de Distrito Castellana Norte; Ricardo Gómez Barredo , antiguo responsable de contabilidad y supervisión; Inés Díaz Ochagavia , actual responsable de Seguridad del banco; y Nazario Campo Campuzano , jefe de equipo de la entidad financiera.

La citación de Redondo se debe, supuestamente, a que era la persona con la que el excomisario jubilado gestionaba, según la investigación, la mercantil Cenyt a través de la cual se tramitaban los contratos con el BBVA.

El comisario Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, acusado de liderar una organización criminal para enriquecerse a través de supuestas coacciones , gracias a la información y los contactos a los que accedía por su cargo.

Todos los citados declararán como investigados en la novena pieza separada del denominado caso «Tándem» , que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y entre las que figuran los cuestionados contratos millonarios para realizar supuestas labores de inteligencia para el BBVA , en una rama de la causa que permanece secreta.

Según las pesquisas del caso, el magistrado investiga la supuesta relación de BBVA con la firma de Villarejo , que podría haber comenzado en el año 2004 para tratar de frenar el asalto al control de la entidad de la constructora Sacyr. Los investigadores rastrean un posible pago de cinco millones de euros , y sospechan que los implicados pudieron llegar a intervenir más de 15.000 llamadas de antiguos miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas.

La tanda de declaraciones se producirán en bloques. Así, P érez Caballero y Cano declararán el jueves por la mañana ante el magistrado, mientras el mismo día por la tarde (16:15) será el turno de Javier Malagón, Antonio J. Béjar y Ricardo Gómez Barrero; Inés Díaz Ochagavia. Nazario Campo Campuzano y Rafael Redondo, por su parte, lo harán el viernes 5 a las 9:30 horas.

Villarejo, que se encuentra en prisión provisional, también está llamado a declarar la semana que viene, en su caso por la pieza Pit del caso , referida al encargo que le hizo el naviero Ángel Pérez Maura al excomisario para evitar su extradición a Guatemala. Sin embargo, será el juez García Castellón junto a los fiscales quienes se trasladen a la cárcel de Estremera para tomar declaración al comisario jubilado, debido a sus problemas de salud.

La investigación sobre la relación del comisario, vinculado a las llamadas cloacas del Estado y a una gran cantidad de negocios sospechosos, provocó la renuncia de Francisco González a su condición de presidente honorífico de BBVA, después de abandonar la presidencia el pasado diciembre.

Como adelantó ayer ABC, el Banco Central Europeo (BCE) mantiene su mirada atenta en esta causa, preocupado porque el caso se cierre en falso. El vicepresidente de la autoridad monetaria europea y antiguo ministro español de Economía Luis de Guindos ha transmitido al BBVA en las últimas semanas, y en varias ocasiones, la necesidad de que el informe pericial interno para indagar en lo que sucedió se publique en un corto plazo.

La entidad financiera, ahora bajo el mando del presidente Carlos Torres, encargó el pasado mes de enero a Pwc, junto a los despachos de abogados Uría y Garrigues, un informe «forensic» para zanjar el asunto y esclarecer qué relación tuvo la entidad financiera con los negocios de Villarejo.