El juez fija fianza al exjefe de seguridad de BBVA y sube la presión sobre el banco

Corrochano, según se desprende de las grabaciones del comisario jubilado y ahora en prisión, habría sido la persona encargada de contratar los servicios de Cenyt , la agencia de José Manuel Villarejo, entre 2004 y 2018 por más de 10 millones de euros. Lo que la Justicia trata de esclarecer es si esos trabajos incluyeron escuchas ilegales a múltiples personalidades, incluidos altos cargos del Gobierno y de los supervisores para tratar de defenderse de operaciones como el intento de asalto de Sacyr al accionariado y la presidencia de BBVA en 2004, y si Corrochano contactó con Villarejo por decisión propia o por orden de la cúpula, esto es, de González.

Corrochano, que dejó BBVA dos meses antes de publicarse las primeras noticias sobre pagos del banco a Cenyt y de que la entidad iniciase una investigación interna, optó ayer por no declarar al estar la causa secreta y no conocer qué hechos se le imputan al atribuirle delitos de cohecho y revelación de secreto.

A petición de la Fiscalía, el juez instructor, Manuel García-Castellón, le impuso una fianza de 300.000 euros , de forma que irá a prisión si no la deposita en 15 días. Además, le retiró el pasaporte, impidiéndole salir de España, y le fijó comparecencias mensuales en el juzgado.

Con esto el magistrado busca asegurar que el investigado no entorpezca la investigación, por la que Villarejo ya está en prisión y hay otros nueve investigados: junto a Corrochano, el abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo; el exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y seis directivos y exdirectivos más de la entidad financiera.

Se trata de responsables de departamentos desde los que se ordenaron pagos a Cenyt, según la información que BBVA aportó al juez. Los nueve fueron imputados el pasado martes y llamados a declarar esta misma semana, en dos sesiones, el jueves y el viernes. La mayoría, como Corrochano, se acogió a su derecho a guardar silencio. En cambio, el que fuera responsable de riesgos y recuperaciones del banco, Antonio Béjar, reconoció que se contrató a Cenyt de 2010 a 2013 para localizar clientes morosos, pero dijo desconocer que esa agencia fuese de Villarejo.

En este sentido, una de las hipótesis que se baraja en el entorno de la causa es que la estrategia de defensa de González, que el año pasado dejó la presidencia de BBVA y en 2019, a la vista de la magnitud del caso Villarejo, renunció a la de honor, pase por descargar toda responsabilidad en Corrochano.

El pasado jueves en «Los desayunos de TVE», el exdirector de comunicación del banco, Javier Ayuso, dijo que a su juicio «fue una gestión directa del jefe de seguridad, que lo gestionaba directamente con Villarejo», y que el comité de dirección no sabía que se trabajaba con el excomisario , pero añadió que González «probablemente sabía que se estaba contratando Villarejo».

En las grabaciones del excomisario a Corrochano, este último asegura que tanto González como su entonces número dos, Ángel Cano, estaban al tanto de la contratación de Cenyt , e incluso que informaba regularmente al presidente. Por eso, la declaración de Cano el próximo día 11 -este jueves no compareció alegando estar en el extranjero- ha centrado, junto con la del exjefe de Seguridad, todas las miradas.

Estos movimientos judiciales han elevado la presión, no tanto social como de los supervisores y los mercados, sobre BBVA, pues está en juego la reputación de la entidad. El propio banco ha recogido como un factor de riesgo en sus últimos folletos de emisión el hecho de no haber depurado conductas contrarias a sus propias normas de ética y el cumplimiento normativo.

Carlos Torres, actual presidente del grupo, ha dicho que para él lo esencial es esperar a lo que determine esa investigación judicial . Pero esta se puede demorar años. Y el retraso de más de un año en la investigación interna del banco, así como en el informe «forensic» encargado a principios de 2019 a Pwc, empieza a desesperar a las autoridades. El BCE, de hecho, viene de exigirle premura para que publique las conclusiones de esos análisis. Es más, como informó ABC, si se cierra en falso, sin depurar responsabilidades, se plantea exigirle que la contraste con otro valorador externo.