Los jueces fuerzan a las empresas a aplicar flexibilidad antes de despedir con 20 días

El juez sigue teniendo la sartén por el mango de las decisiones empresariales, algo de lo que el Gobierno pretendía huir con esta reforma y los empresarios reclamaban desde hace años. Las enmiendas de la CEOE a la reforma laboral han ido en este sentido, por restarle espacio de interpretación al juez y concretar todavía más las causas del despido objetivo por causas económicas para, de esta forma, favorecer la seguridad jurídica.

El espíritu de la reforma laboral es exactamente la que están buscando y reclamando los jueces. Es decir, que la extinción sea el último recurso en época de crisis; que antes se busquen alternativas, como recortar los salarios al trabajador, ampliar la jornada laboral o cualquier otra medida que modifique las condiciones laborales y evite la opción más traumática.

Las advertencias judiciales en este sentido no son nuevas; vienen de lejos, desde que en 2010 Rodríguez Zapatero diera los primeros pasos para facilitar el despido con 20 días de indemnización. En una sentencia de 17 de marzo de 2011, el juzgado de Guadalajara indicaba que «el criterio de razonabilidad no puede confinarse a la competitividad de la empresa». Aseguraba que el despido debe ser la última posibilidad y aplicarse «cuando ya se hayan agotado otras medidas de flexibilidad interna (reducción de la jornada, modificación de condiciones de trabajo, movilidad geográfica o, incluso descuelgue salarial)».

A la espera de la norma definitiva, la aplicación del decreto de urgencia tiene diferentes lecturas entre los jueces, por ejemplo, en los salarios de tramitación, que el Gobierno elimina salvo para el caso de que el empresario opte por la readmisión del trabajador. Hasta el 12 de febrero, el trabajador cuyo despido era declarado improcedente tenía derecho a percibir los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia.

Mientras juzgados de Barcelona, País Vasco o Pamplona, entre otros, han interpretado que los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma tienen derecho a cobrar los salarios de tramitación en las mismas condiciones que antes, el juzgado de lo Social número 2 de León ha dictado ya sentencia en sentido contrario. Su titular, José Manuel Martínez Illade, defiende que el espíritu de la norma y la falta de disposiciones transitorias que lo aclaren implican que el decreto entró en vigor con todas sus consecuencias el 12 de febrero, y que no ha lugar al pago de estos salarios aunque el despido se produjera con anterioridad.

El Gobierno justifica la desaparición de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes en los que el empresario opte por la indemnización, en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo. Y destaca que el trabajador accede a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión de extinguir su relación laboral.

A la espera de conocer el impacto que sobre los despidos haya podido tener la reforma del mercado de trabajo, los expedientes de regulación de empleo (ERE) que fueron autorizados en los dos primeros meses del año subieron un 44,9% (4.525) respecto al mismo periodo de 2011, mientras que el número de trabajadores afectados aumentó un 55% (60.569), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social