Los inversores califican de «fraudulenta» la quiebra de Pacific

Este plan supondrá, como ya informó ABC, graves perjuicios para los inversores y los pequeños accionistas de Pacific, tanto locales como de otros países (Venezuela, México, España, etc…), que perderían automáticamente toda su inversión al cancelarse el capital. Asimismo, los acreedores verían reducidos el valor de sus préstamos entre un 70 y un 90% en condiciones inaceptables y sujetas a términos irrazonables.

Destacados fondos de inversión, como el venezolano O’Hara y el mexicano Acero , han denunciado el caso, que califican de «fraudulento», y lo han puesto en manos del prestigioso despacho de Jaime Granados. Desde este piden «la destitución de esos administradores, que ya quebraron otras seis empresas, y el nombramiento de una dirección profesional que examine la compañía con los precios actuales del petróleo a 52 dólares, porque el plan de Catalyst se realizó con el crudo a 25 dólares». Y subrayan que «cualquier operación tiene que proteger a los pequeños accionistas y permitir a los grandes inversores capitalizar sus inversiones».

Pacific, que tiene casi todos sus activos en Colombia aunque la sede está en Toronto (Canadá), cuenta con una deuda de 4.780 millones de euros y el plan de refinanciación del fondo canadiense se basa en una ampliación de capital de 443 millones de euros. Sin embargo, Jaime Granados afirma que, con los precios actuales del petróleo, esa ampliación podría reducirse a tan solo 310 millones de euros. Fuentes de los fondos O’Hara y Acero han explicado que están en disposición de acudir a esa ampliación y mantener, aunque diluídas, sus inversiones en la petrolera.

En el despacho de Jaime Granados se preguntan «por qué no se ha echado a esos administradores por quebrar la empresa y por qué el Gobierno colombiano permite que sean las autoridades judiciales canadienses las que decidan lo que conviene o no a Pacific». Y recuerdan que tanto Serafino Iacono como Miguel de la Campa y otros funcionarios de la petrolera «se quedarían con el 10% de la misma como prima por el cambio de control». Otro 58% quedaría en manos de los bonistas y, el resto, en poder de Catalyst.

Este caso es percibido en el sector y en los mercados como «un fraude internacional», lo que ocasionará que «nadie quiera invertir en empresas colombianas». Curiosamente, uno de los lemas de esta petrolera era «Pacific es Colombia; invertir en Pacific es invertir en Colombia».

En medios económicos y sociales colombianos ha aumentado la preocupación ante la situación de inseguridad en la que se encuentra Pacific, por lo que temen que tanto los grandes inversores como los pequeños accionistas tomen este caso como ejemplo para no apostar por este país que necesita más que nunca la inversión extranjera. El presidente de la república, Juan Manuel Santos, ha mostrado su preocupación ante estos hechos que se pueden convertir en un problema de Estado.

La Superintendencia de Sociedades ya analizó este caso el pasado martes . Fue convocada por el superintendente delegado de Insolvencia, Nicolás Polaina, con el objeto de resolver la solicitud presentada por los representantes de Pacific E&P Corp. del reconocimiento del proceso de insolvencia de la compañía y sus sucursales colombianas en Canadá, en los términos de la ley 1116 de 2006. Para ello, convocó a los acreedores y demás personas interesadas para que se hicieran presentes y se manifestaran a propósito de dicha solicitud.

Las partes convocadas, principalmente, del despacho sobre el número de acreencias (se tuvo que conferir un receso para que los representantes de la compañía averiguaran cuál es ese monto y como están discriminados), las posibilidades de pago y el flujo de caja. En el mismo sentido, cuando se cuestionó sobre los supuestos macro económicos, esenciales para la reorganización de las empresas colombianas, no se obtuvo respuesta.

Lo anterior, a pesar que los representantes de Pacific E&P Corp. y sus sucursales habían fundamentado el reconocimiento del proceso canadiense y la propuesta de Catalyst es su mayor conveniencia para la protección de los acreedores colombianos.

Asimismo, a lo largo de la audiencia, suministrando distintos datos. Hasta el momento en que se finalizó la audiencia, todavía no existía una verdadera garantía de pago para los proveedores y acreedores de la compañía.

De igual forma, parece que la única información al interior de Pacific E&P Corp. que tienen tanto los proveedores como los trabajadores es que de no llevarse a cabo dicho proceso en Canadá la compañía y sus sucursales entrarían en liquidación. Situación que en este preciso instante no es acorde con la realidad jurídica.

Debe resaltarse que Corp. tiene su centro de actividades y sus activos en Colombia y que todos los que intervinieron en la audiencia fueron enfáticos al afirmar que no buscan la liquidación de la compañía, sino por el contrario, garantizar la continuación de su operación, pero bajo condiciones que aseguren su buen desarrollo.

De la intervención de algunos de los terceros interesados, principalmente de los accionista minoritarios, así como de algunos trabajares que tenían la doble calidad (extrabadores y accionistas), quedó claro que no debería permitirse que el proceso de insolvencia se lleve a cabo en Canadá y sea reconocido como principal, sino que deba abrirse una proceso en Colombia donde se tramite en razón de aquello que la ley obliga (artículo 85 y s.s. de la ley 1116), que es donde se encuentran las sedes de operaciones, la mayoría de los acreedores, accionistas y trabajadores.

Además, se resaltó la falta de transparencia en la toma de decisiones por parte de la compañía que dieron origen a la presente situación. Es claro el comité independiente, encargado de tomar la decisión sobre las propuestas de reestructuración presentadas, se caracteriza por no ser independiente, pues de los cuatro miembros que votaron, tres están en claros conflictos de interés , uno de ellos es asociado de Serafino Iacono, y el presidente del comité tiene un hijo que actúa como asesor de Catalyst.

Todas estas circunstancias ciertas y verdaderas generan consecuencias devastadoras, como por qué no se mencionó la existencia de la propuesta de EIG presentada en Canadá, que le da valor a los accionistas minoritarios (colombianos), da mayor valor a las acreencias de bancos, bonistas y otros acreedores doble y permite una capitalización para los accionistas que así lo quieran (mayoritarios). La falta de información sobre esta propuesta va en contravía de la transparencia y objetividad que son los criterios principales del proceso.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el origen de la situación de la empresa parte del hecho que para el 19 de enero de 2016 no se pagaron los 50 millones de dólares que se debían como intereses sobre bonos, a pesar de tener en caja 380 millones de dólares a 31 de diciembre de 2015. No se dio explicación alguna sobre el destino de los 380 millones de dólares, haciendo que la deuda que estaba a largo plazo se acelerara de manera fraudulenta. Sin embargo, sí tuvieron recursos para pagar honorarios por 50 millones de dólares más, no para pagar 60 millones de dólares en intereses sobre los bonos.

y con el comportamiento del precio del petróleo (doble del nivel más bajo de 2015 y 25% superior a la base del cálculos de abril según se le solicitó a una corte en Canadá), pareciera que lo que se quiere es ocultar que la compañía es capaz de operar con su propia caja sin inyección adicional por lo que la oferta de Catalyst sería innecesaria, porque solo se inyectarían hasta 500.000 dólares sin que la caja lo requiera.

Tampoco debe permitirse que la administración que propició toda esta situación salga invicta y sin responsabilidad alguna , manteniendo el proceso en una jurisdicción extranjera que ha sido proclive a estas prácticas fraudulentas conspira contra los principios y valores sobre los que se edifica el régimen colombiano de insolvencia.

De permitirse el reconocimiento del proceso en Canadá, se estarían viendo afectados 7.000 accionistas colombianos y un total del «equity» de 1.500 millones de dólares queda reducido a menos del 2%. Ahora tiene el superintendente la última palabra.