Las hipotecadas cuentas del Gobierno Sánchez

Déficit y deuda van de la mano. Gastar lo que no se tiene obliga a pedir dinero prestado. Por eso, la significativa reducción del déficit que se ha producido en España de forma ininterrumpida desde 2012 ha hecho que la deuda galope a mucho menor ritmo que en los años de la crisis. Pero aún trota de forma incómoda. Al acabar 2017, el endeudamiento público de España alcanzó los 1,14 billones de euros , casi el triple que diez años antes. En 2017 el incremento fue discreto en comparación con el de ejercicios anteriores. Aún así, el año pasado España engordó su deuda pública en otros 37.000 millones.

El Estado tendrá que desembolsar este año más de 31.000 millones para pagar los intereses. Un repunte de los intereses de la deuda endurecería ese mordisco que ya soportan las cuentas públicas. Y hay que tener en cuenta que los intereses se han contenido por los programas de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE) . Se puso en marcha en lo peor de la crisis, pero ese programa está en retirada.

La deuda pública española es ahora un 30% mayor que la de 2012, cuando se disparó la prima de riesgo y saltaron las alarmas. Los expertos insisten en que, pese a que otros países desarrollados están mucho más endeudados -caso de la cercana Italia-, España tiene un nivel de deuda poco recomendable. «Es enorme y lo ha advertido el Fondo Monetario Internacional; existe un claro riesgo si suben los tipos», indica Rafael Pampillón , economista del IE Business School. «Hay un riesgo por la onda expansiva que puede generar la deuda pública», indica también el profesor Antonio Argandoña , del IESE.

Ahora, a este panorama y a las exigencias de la UE le toca responder al Gobierno de Pedro Sánchez. De momento, al abrazarse al Presupuesto del PP, ha asumido unas cuentas de inspiración liberal que comulgan con esas reclamaciones de Bruselas. En su tenor literal, estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) censuran expresamente las recetas que aplicó el PSOE en su anterior etapa de gobierno, la de Zapatero. Tras denostar los «incrementos explosivos del gasto público» como medida válida para «fomentar el crecimiento y la creación de empleo», los PGE recuerdan que «esa alternativa de política económica ya se aplicó para intentar contrarrestar el impacto de la crisis económica en nuestro país, y su resultado fue poco satisfactorio. No solo se agotaron los márgenes fiscales existentes, registrándose un aumento sin precedentes de los niveles de déficit y deuda públicos, sino que no se registró un mayor crecimiento económico ni se generó más empleo».

En clara reprimenda al PSOE de Zapatero , el informe económico-financiero de estos PGE declara que «la pérdida de la disciplina fiscal provocó una pérdida sin precedentes de la confianza en la economía española». Y remacha: «Incurrir de nuevo en mayores déficits públicos nos haría perder la credibilidad y la confianza de los inversores, que tanto esfuerzo y sacrificio ha costado recuperar».

Estos son los principios que rigen las cuentas a las que se ha encomendado Sánchez y que pueden convertirse en la columna vertebral de todo lo que dure su gobierno . Su debilidad parlamentaria le hará muy difícil aprobar otros presupuestos. El horizonte de la prórroga presupuestaria asoma con fuerza.

Así las cosas, Sánchez ha asumido unas cuentas diseñadas para dejar este año el déficit en el 2,2% del PIB, pero con el objetivo - declarado ante Bruselas - de seguir recortándolo hasta erradicarlo prácticamente por completo en dos años más. Los PGE apremian a Sánchez a lograr que el déficit no pase del 0,5% del PIB en 2020 . Es decir, tiene por delante la tarea de acabar con los números rojos, tras años en los que el PSOE ha competido con Podemos a la hora de criticar al PP por recortar el gasto público para domar el déficit.

Ahora, a Sánchez también le toca cuidar la imagen del Estado ante los inversores que le tienen que seguir prestando dinero. Este año, la Administración central prevé aumentar su endeudamiento en 40.000 millones. Su deuda en circulación se prevé que supere el billón de euros, frente a los apenas 970.000 millones de finales de 2017.