Hacienda sugiere un tipo único en la tasa eléctrica frente a los planes de Industria

Industria tiene sobre la mesa dos alternativas al borrador que remitió al Consejo de Ministros hace un par de semanas y que no contó con el plácet de Hacienda. El motivo: el temor a un rechazo por parte de Bruselas. Los técnicos fiscales avisan de que «un impuesto homogéneo y neutral entre tecnologías se adapta mejor a la normativa comunitaria y por tanto tiene menos riesgo de que lo tiren abajo».

Esa figura diferenciada, que variaba en función de la tecnología utilizada, era, en líneas generales, el principal inconveniente del texto anterior. Por el contrario, en las nuevas propuestas se apuesta por introducir un gravamen homogéneo, que deberán desembolsar las empresas.

La primera posibilidad establece el pago de 5,5 euros por el megavatio hora que producen. La otra propuesta, que parece contar con más partidarios tanto en el seno del Ejecutivo como entre las propias empresas, impondría una figura única, del 7,3%, sobre la facturación de las plantas. El objetivo es alcanzar una recaudación de 1.599 millones de euros con ambos sistemas, la cifra que manejaba Soria en su propuesta inicial.

Pese a tratarse aparentemente de cambios menores, un simple retoque de porcentajes o la modificación de la base impositiva, las diferencias frente el anterior marco tributario y sus implicaciones económicas resultan sustanciales.

Si Mariano Rajoy da luz verde al plan actual, las compañías del régimen ordinario -las eléctricas tradicionales (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa)- pasarán de pagar cerca de 470 millones de euros a tener que afrontar un impuesto por 1 .080 millones de euros o, en el segundo caso, de 860 millones ; es decir, deberán desembolsar, al menos, el doble que lo previsto con el modelo anterior.

Las renovables, por su parte, no se verían tan castigadas. Si antes tenían que abonar 1.037 millones de euros, las exigencias ahora se verían reducidas en gran medida, hasta una horquilla de entre 569 millones de euros y 343 millones.

Mientras tanto, las compañías aguardan con incertidumbre y repliegan filas cada vez que se aproximan los viernes, tradicionalmente el día en que se celebran los consejos de ministros. Mañana se podría despejar, definitivamente, la incógnita.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó la semana pasada que la esperada regulación, con la que se pretende recortar un déficit tarifario de 25.000 millones de euros , se encuentra «muy ultimada». Fuentes del Ministerio dirigido por Montoro destacan que, en última instancia, la decisión depende de Industria. «Nosotros solo les ayudamos técnicamente en el diseño de los impuestos. Hacienda, en ese sentido, no es competente».

Por si fuera poco, el pulso entre las empresas y el Ejecutivo se ha intensificado en las últimas semanas. Las críticas han arreciado desde todos los frentes del sector, convertido en un avispero. La patronal de las eléctricas (Unesa) señaló que la tasa sobre la generación daría al traste con el beneficio de la actividad, que asciende a 3.063 millones de euros.

Por su parte, las organizaciones fotovoltaicas hablan de un impuesto de «confiscación» y amenazan con entregar las llaves de las instalaciones. Las termosolares dicen que la tasa a la generación «destruiría» la incipiente industria. Para más inri, la Asociación de Empresarios Eólicos asegura que demandará al Ejecutivo si les grava sus parques, que, según la patronal, son los que padecen una mayor carga fiscal.

Según el esquema precedente, a las eléctricas tradicionales se les iba a exigir un 4% sobre la facturación . Para las energías verdes se iba fijar una tasa variable (del 19% para las fotovoltaicas, del 13% en el caso de las termosolares, del 11% para la eólica, del 4,5% para la biomasa y del 4% para la cogeneración). Aparte, las hidráulicas y las nucleares, asimismo, tenían que ceder 15 y 10 euros, respectivamente, por megavatio hora producido.

Con esta disposición, Industria reconocía implícitamente uno de los argumentos esgrimidos por los que denunciaban que este tipo de plantas, amortizadas después de décadas en funcionamiento, disponían de un margen de beneficio más abultado, ya que la retribución era muy elevada y su coste de generación, reducido. A cambio, el Gobierno ofrecía a los titulares de estas plantas la posibilidad de prolongar la vida útil de las centrales nucleares durante 10 años y las concesiones hidráulicas durante 20.

La eliminación de este tributo adicional constituye, en este momento, el comodín que podría servir de contrapartida para apaciguar a las eléctricas, las «a priori» más afectadas por esta nueva fiscalidad. Fuentes empresariales reconocen este ofrecimiento del Ejecutivo podría ser una de las piezas clave para lograr su consentimiento. «Una tasa homogénea sería más aceptable, siempre que no hubiera un gravamen adicional sobre las nucleares y las hidráulicas», concluyen.