Hacienda pagará directamente a proveedores y servicios públicos de la Generalitat

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y Hacienda retendrá recursos a la Generalitat y asumirá directamente los pagos a proveedores y servicios públicos a los ciudadanos, es decir, el gasto social del Gobierno de Carles Puigdemont. Ya en noviembre de 2015 , el Ministerio planteó un instrumento similar, para evitar que la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, destinara préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a fines independentistas. El Consejo de Ministros de este viernes abordará un paquete de medidas de control del gasto de la Generalitat , que incluye al amplio abanico de medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En la carta de respuesta del Gobierno, Montoro advierte de que, si no facilitan los datos que pretende ocultar Junqueras, se adoptarán «las medidas necesarias» para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria. Además, Montoro deja claro al Govern que no puede justificar el incumplimiento de las obligaciones acordadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y por tanto no amparan ninguna actuación.

«He de recordarle que del contenido de citadas normas se deduce que no es precisamente, ni la sostenibilidad financiera, ni el equilibrio presupuestario, ni velar por el interés general, sus objetivos prioritarios», recuerda Montoro, que lo ve como un ataque directo a los mismos, informa Ep. Asimismo, el ministro rechaza que el acuerdo de la CDGAE sea un control político, como argumenta textualmente Junqueras en su carta, y lo enmarca en medidas de control de la gestión y destino de los recursos públicos. «En definitiva, control de legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales », apunta la misiva.

Para Junqueras, este celo renovado supone «un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia», motivo por el que la Generalitat, apunta su vicepresidente, «se exime y dispensa» de la remisión de la información semanal a Hacienda, según detalla la carta a la que ha accedido ABC.

Cataluña ya contaba con la tutela del Estado previamente, debido al incumplimiento del objetivo de déficit del año pasado. El control de Hacienda sobre la Generalitat se da también por la recepción de los préstamos del Estado a bajo interés. Desde 2012, Hacienda ha inyectado 50.627 millones de euros a la Generalitat , por lo que tiene en sus manos un 67% de los 75.443 millones de deuda del Gobierno catalán.

Ante esta dependencia, el vicepresidente de la Generalitat se compromete a seguir con los controles que dicta la Ley de Estabilidad, que incluyen informes mensuales y trimestrales, pero no con los aprobados de forma excepcional el pasado mes de julio. Sin embargo, a la superación de dichos controles semanales –es decir que no se gaste dinero en la consulta– condicionó el Gobierno la inyección de recursos del FLA a la Generalitat.

«El compromiso de la Generalitat de Catalunya con la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera se mantiene inalterable , como se demuestra en la mejora de la situación económica financiera de la Generalitat, y continuará colaborando con el Ministerio que usted preside en los términos en que se ha venido desarrollando hasta el momento», señala Junqueras a Montoro.

Desde el Ejecutivo catalán se aseguró que hay disponibilidad presupuestaria en los próximos meses para hacer frente al pago de facturas en caso de que el Ministerio de Hacienda corte el grifo del FLA. Esta no es la primera desavanencia entre la Generalitat y el Gobierno . Hacienda activó este mayor celo al identificar un posible desvío de 6.150 euros de la Generalitat en gasto para preparar el referéndum el pasado mes de julio. Poco después, la Generalitat no identificó a los interventores de sus cuentas, como reclamaba Montoro, lo que ocasionó otro choque entre ambas administraciones.