Hacienda bate récords en la lucha contra el fraude con una plantilla en mínimos

Si durante la crisis se impusieron los ajustes de plantilla para tratar de embridar el gasto público, dejando de cubrir las jubilaciones hasta 2015, ahora el problema es que en la próxima década se va a retirar la mayor parte de los empleados de una vetusta Agencia cuyos empleados tienen una edad media de 54 años , es decir, siete más que antes de la crisis. Aun así, esto no significa necesariamente un problema grave en cuanto a formación. «Los jóvenes vienen con más conocimientos en informática y tecnologías pero los mayores aportan mayor seguridad en los procedimientos de inspección», dice Francisco Terrón, profesor de IE Law School. En otras palabras, que los más veteranos siempre tendrán el plus de la experiencia.

El dilema llega con la renovación paulatina del personal. Con este ritmo de retiros, la Agencia Tributaria cree que las jubilaciones provocarán que se tarde diez años en alcanzar en la institución los niveles de empleo precrisis. Una estimación que, en palabras del miembro de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, asciende a veinte años, ya que, en los próximos ejercicios, el número de jubilaciones irá a más.

Esta planificación pone en peligro el horizonte de lucha contra el fraude, que en los últimos años ha cosechado máximos históricos: el año pasado los ingresos por combatir estas prácticas superaron los 15.000 millones y vuelven a acercarse al máximo de 15.664 millones de 2015, después de dos años de ligeras bajadas.

Sin embargo, las necesidades no son homogéneas en todas las ramas. Salvador Ruiz, profesor asociado de Esade Law School y antiguo director general de la Agencia Tributaria, señala que «donde faltan más funcionarios es en control. Con más medios humanos, la lucha contra el fraude es más efectiva . En todo caso, algunos de los criterios de control deberían revisarse porque resultan excesivos para muchos ciudadanos o empresas». Así las cosas, Ruiz destaca que España sale mal parada en los ratios de habitantes por número de empleados en la Administración tributaria, aunque también ha de valorarse que nuestro país no requiere de las necesidades de otras jurisdicciones. Es decir, que debido a la tecnología que ha implantado la Administración tributaria y a la existencia de, por ejemplo, el sistema de la autoliquidación a cargo del propio contribuyente, España puede ahorrarse muchos empleos públicos en procesos que en otros Estados se hacen por ventanilla. En suma, tareas administrativas.

Aun así, no hay que olvidar la posición de nuestro país con respecto a la economía sumergida. España sigue siendo uno de los territorios europeos con mayor actividad en la sombra. Durante la expansión económica se fue reduciendo hasta el 18,4% del PIB en 2008; con la recesión y el aumento del paro, el dinero en negro volvió a repuntar hasta superar el 19%, según datos del profesor Friedrich Schneider basados en flujos monetarios. Ahora ha vuelto a bajar, por la mejora económica en el mercado laboral y el trabajo del Fisco, al 17,2%, con datos de 2017. Una reducción en riesgo si la Agencia Tributaria debilita el celo de su personal.

Este porcentaje, pese a todo, supera el del 12,8% de Francia, el 16,6% de Portugal o el 10,4% de Alemania, aunque queda cerca de la media del 17,1% de la UE. Los países del Este -Bulgaria cuenta con un fraude del 29,6% de su PIB- y del Sur de Europa -con Grecia (21,5%) e Italia (19,8%) al frente-, explican estas cifras. El país de la UE con menor tasa sería Austria, con un 7,1% de su economía en negro.

En España, las regiones con más paro son las que tienen mayor economía sumergida: Canarias (26% del PIB), Andalucía (23,3%), Galicia (22,8%), Castilla-La Mancha (22,3%) y Extremadura (21,8%), frente a las que menos, País Vasco (16,5%) y Madrid (16,7%), según un informe de Funcas.

Este es un problema que se ensombrece ante la situación de personal de la Agencia Tributaria, que ha recortado en unos 2.400 efectivos su plantilla precrisis -llegó a tener 27.961 empleados en 2008- hasta los 25.555 de 2018.

Pese a que el organismo encadenará tres años de aumento de la plantilla, nuevos problemas acechan en las filas del cuerpo tributario y las alarmas no solo se han disparado en el Ministerio de Hacienda: también la propia Comisión Europea alertó hace unos días de que el 80% de sus trabajadores tienen más de 45 años y en los próximos ejercicios se van a suceder numerosas jubilaciones, por lo que advierte del tapón que se podría originar en la nómina del organismo. El propio director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón , así lo expuso cuando compareció ante el Congreso de los Diputados hace unas semanas.

«Necesitamos otra cosa muy importante: que vuelva a haber cantera de opositores, porque para los procesos selectivos necesitamos personas que concurran a los mismos con la suficiente preparación como para superar esos exámenes y, desgraciadamente, en estos últimos años, como ha habido menos convocatorias, esa cantera de opositores se ha perdido y estamos teniendo problemas», advirtió Gascón.

Peláez describe que la Agencia Tributaria en sus últimos planes de incentivos está garantizando un número mínimo de horas extra que pueden ayudar a paliar este escenario de pérdida de recursos a corto plazo. «No hay infraestructura suficiente para elevar las ofertas de empleo por encima de lo que están saliendo en la Escuela de la Hacienda Pública -donde los futuros empleados pasan algo menos de un año de formación-, así que, aunque aumenten las jubilaciones, no se podrá contratar a más gente año a año. Una medida que puede suponer un balón de oxígeno es contratar a más personal administrativo que asista a inspectores y técnicos de Hacienda y les libere de tareas administrativas y, poco a poco, irlos promocionando internamente para que puedan llegar a técnicos e inspectores. Así se podría contratar a mil o dos mil personas», describe Peláez.

Otro dato que alarma en las organizaciones de la Agencia Tributaria es el de delitos fiscales denunciados. Se ha pasado de 1.014 en 2011 a 225 en 2017. Una cuarta parte en cuestión de seis ejercicios . Hay quienlo achaca a la escasez de personal, pero también quien habla de «aprendizaje» de la institución. Es el caso del ex director general de la Agencia -y socio director de Fiscalidad de Equipo Económico- Salvador Ruiz: «Plantean expedientes de delito por siete cuestiones distintas y hay dos tipos que siempre rechazan los tribunales. Entonces, deciden dejar de plantearlos como delito y lo hacen por vía administrativa». Todo sea por recuperar el mayor dinero posible, cuando Hacienda cada vez son menos.