El Gobierno tiene en su mano evitar 300.000 despidos más

«Es necesario tomar medidas urgentes que permitan a las empresas retrasar previsibles cierres y mantener los ERTE en tanto no mejore la situación económica y las empresas vayan recuperando sus niveles de ingresos», afirmó Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos. Una voz más que se suma a la necesidad de que los expedientes se alarguen el tiempo que el tejido productivo lo necesite. Además, según esta institución el 46% de las compañías agotará el plazo máximo que le dé el Ejecutivo para beneficiarse de los ERTE.

Este se trata de un problema a corto plazo, pero hay aún otro asunto que exige una solución mucho más inmediata. Los gestores administrativos llevan semanas calculando cuántos trabajadores inmersos en uno de estos expedientes temporales no están cobrando a tiempo. Sobre mediados de mayo, estos comunicaron que había más de 900.000 personas que todavía no habían recibido el dinero de los ERTE. A principios de junio la cifra se redujo a unos 480.000 trabajadores. Y ahora a finales de mes el dato queda en 200.000 empleados que no han recibido ni un euro desde el mes de marzo, cuando se puso en marcha la medida. «Tras más de tres meses desde que se solicitaron los ERTE no podemos entender que siga existiendo un número tan elevado de trabajadores sin cobrar; nos preocupa que nos acostumbremos a escuchar las denuncias por parte de los trabajadores que no cobran, porque sin presión esta situación difícilmente se va a desatascar», señaló Santiago.

Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo hace unas semanas que solo quedaba un 2% de los ERTE por pagar, aunque más tarde el Ejecutivo matizó el dato y lo redujo al 1%. Unas decenas de miles de personas, según sus estadísticas.

Según las últimas cifras oficiales, todavía permanecen en un expediente casi dos millones de trabajadores. Realizando el cálculo sobre la cantidad que dan los gestores administrativos, sale que un 10% aún no ha recibido el dinero en cuenta. Todo ello debido a múltiples incidencias en un sistema en el que intervienen tanto el Servicio Público de Empleo (SEPE) como los diferentes organismos de las comunidades autónomas. Así, Santiago confía en que pueda subsanarse pronto esta situación, más de tres meses después del inicio de la prestación.

El último informe de los gestores administrativos refleja también la opinión del gremio sobre el panorama económico español. Un buen termómetro de la situación ya que son los que tramitan todas las ayudas y prestaciones puestas en marcha. Seis de cada diez tienen poca o muy poca confianza en que la situació nos permita salir rápidamente de la crisis; un 61% cree que no habrá mejoría hasta 2021; y un 81% señala que las medidas del Gobierno son insuficientes.