El Gobierno rectifica y retira la propuesta de ampliar a 25 los años de cómputo de la pensiones

"En el Programa (de Estabilidad) se incluye un apartado final sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo que incorpora una proyección sobre el resultado hipotético de un retraso en la edad de jubilación y del alargamiento del periodo de cómputo de las pensiones. Dado que dicha simulación ha podido interpretarse como una propuesta concreta, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea", alega. Economía también ha retirado del documento la alusión que hacía al ahorro que supondría aumentar dos años el periodo mínimo de años cotizados para tener derecho al cobro de una pensión.

El párrafo eliminado decía lo siguiente: "Por lo tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros (edad legal de jubilación y número mínimo de años cotizados para obtener una pensión) y si, además, se aumentara en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB a partir de 2030". Sí que se mantienen en el documento remitido a Bruselas los cálculos del Gobierno acerca de lo que implicaría retrasar la edad legal de jubilación (un punto del PIB por cada año de retraso) y precisa que "cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional" de dos décimas. "Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea", concluye el documento.

Antes de la corrección definitiva del texto, y en medio de las críticas de los grupos políticos y los sindicatos, llegaban las precisiones del Ejecutivo, que aseguraba que no había hecho una propuesta firma a Bruselas para aumentar a veinticinco años el tiempo para calcular las pensiones y que las referencias existentes a esa posibilidad se hacían a título de ejemplo.

Después ha sido el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el que ha intentado aclarar la situación al asegurar que el "único documento de referencia" para la discusión sobre el futuro de la reforma de las pensiones es el que se debatirá en el Pacto de Toledo. "El tema ha quedado suficientemente clarificado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda", ha manifestado Corbacho en Sevilla. Y ha insistido en que la referencia al aumento en una década para el cómputo de las pensiones en la Actualización del Programa de Estabilidad "no estaba incluida como propuesta sino como una hipótesis de costes".

El documento lo va a analizar ahora la Comisión Europea. El todavía comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, no se ha pronunciado sobre las últimas medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, como el retraso de la edad de jubilación o el recorte de gasto de 50.000 millones de euros. Almunia sí que ha admitido que España comparte "problemas comunes" con Portugal y Grecia, país cuya crisis presupuestaria ha multiplicado en los mercados las especulaciones sobre el riesgo de quiebra. Entre estos problemas comunes, Almunia citaba la pérdida de competitividad, el elevado nivel de déficit y las necesidades de financiación exterior.

"Algunos miembros de la eurozona -con diferentes puntos de partida, diferentes desequilibrios y diferentes características de sus economías- comparten algunos problemas comunes. Usted mencionó a Grecia, Portugal y España. Podemos añadir a otros países a este análisis", ha señalado Almunia al ser preguntado por si los problemas de Grecia podrían contagiarse a otros países como España o Portugal.

"Estas economías comparten algunos rasgos. Por ejemplo, en esos países se puede observar una permanente pérdida de competitividad desde que son miembros de la unión económica y monetaria, por ejemplo en términos de la evolución de los costes laborales unitarios", proseguía el comisario.

Otro problema común que comparten Grecia, España y Portugal, según Almunia, es que los tres países "tienen considerables déficits públicos (11,4% en el caso de España en 2009) y en esos déficits hay algunos componentes cíclicos pero también hay componentes estructurales a los que hay que hacer frente". El comisario de Asuntos Económicos ha señalado que, además, "en el caso de Grecia y Portugal, más que en el caso de España, las necesidades de financiación exterior son bastante grandes, incluso en momentos en que el crecimiento del PIB es bajo".