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El Gobierno pretende crear un registro para perseguir pisos vacíos

El Ejecutivo pone en marcha una mesa interministerial que planteará medidas para sacar al mercado los inmuebles que estén desocupados

MadridActualizado:

El «giro social» anunciado por el Gobierno en materia de vivienda ha puesto el foco sobre los pisos vacíos. El Ejecutivo pretende crear, a la vuelta del verano, un registro que permita monitorizar estos inmuebles para posteriormente fomentar su salida al mercado mediante una serie de medidas regulatorias y fiscales.

Según confirman desde el Ministerio de Fomento, el Gobierno está manteniendo «un diálogo fluido» con las comunidades para confeccionar este listado. Hay que tener en cuenta que por el momento no existen cifras oficiales fidedignas sobre el número de pisos sin ocupar que existen en España. El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una aproximación con un censo que se publica cada diez años -el último, de 2011, daba la cifra de 3,44 millones de inmuebles desocupados-, pero este se basa en aspectos poco fiables, como es el consumo de energía de una vivienda.

Es por ello que, además de crear un registro, el Gobierno tiene previsto definir exactamente qué es una vivienda vacía. Tal y como explicó a principios de julio en el Congreso de los Diputados el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la idea es acotar el término para «estimular» la incorporación al mercado del alquiler de estos inmuebles «a través de un amplio catálogo de medidas». Fuentes del Ejecutivo apuntan a que estas políticas quedarán definidas en los próximos meses en una mesa de trabajo en la que participarán hasta seis ministerios: Fomento, Industria, Hacienda, Economía, Justicia y Sanidad.

El control sobre los pisos desocupados es una medida que ya se ha planteado con anterioridad, sobre todo durante los años más difíciles de la crisis económica. Hay que tener en cuenta que el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó un vasto stock de vivienda vacía, especialmente en regiones costeras como la Comunidad Valenciana o Cataluña.

Con el paso de los años y la recuperación del sector, este catálogo se ha ido reduciendo. También ha contribuido a ello factores como la creación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que desde su configuración ha vendido 68.278 viviendas a particulares, o la adquisición de la cartera inmobiliaria de varias entidades bancarias por parte de varios fondos producida en los últimos meses.

El Gobierno considera, sin embargo, que la cifra sigue siendo muy elevada. Y cree que tiene un impacto directo en la evolución del mercado del alquiler, en el sentido de que reduce la oferta disponible y presiona al alza unos precios que crecen a un ritmo de dos cifras en Madrid y Barcelona. Por ello, ha reavivado la opción de monitorizar este tipo de viviendas, una política que ya se planteó en el pasado pero que fue rechazada finalmente por tener un sesgo intervencionista.

Desde el Ejecutivo insisten en que, por el momento, no se ha planteado aprobar ninguna medida concreta que penalice a los propietarios de estos inmuebles. Ello no quita que esta posibilidad se estudie en el futuro, sobre todo para las personas físicas o jurídicas que posean un considerable número de viviendas en esta situación.

Hay que tener en cuenta que esta posibilidad ya ha sido planteada por ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona. De hecho, el delegado de Economía y Hacienda de la capital, Jorge García Castaño, abogó en un pleno celebrado a finales de julio por gravar a los propietarios de las viviendas vacías con un 50% extra del IBI. Incluso señaló que ya se había solicitado una reunión con la titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar la posibilidad de implantar esta medida.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal también ha apoyado en varias ocasiones la posibilidad de penalizar a los propietarios de viviendas desocupadas. Además, esta semana ha aprobado un decreto que le permitirá expropiar solares vacíos que acumulen dos años sin edificar. La medida, que entrará en vigor en 2020, ha sido duramente criticada por la oposición, que ha recordado a Colau que cuenta con 82 solares públicos en desuso en los que se podrían llegar a levantar hasta 1.565 viviendas.

Lo cierto es que la política en materia de vivienda planteada por el Ejecutivo va mucho más allá de monitorizar los pisos vacíos. El Gobierno ha anunciado una batería de políticas que van desde modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para ampliar la duración de los contratos del alquiler a 5 años hasta construir 20.000 viviendas para destinarlas a un alquiler «barato» en un plazo de seis años.

También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aprobar incentivos fiscales que, según fuentes del Ejecutivo, podrían ir línea con la deducción de hasta el 100% para propietarios que alquilen por debajo de un importe determinado que planteó el PSOE esta primavera en el Congreso.

De hecho, esta proposición de ley, que fue rechazada por la Cámara Baja, anticipó en gran parte las intenciones de la formación liderada por Pedro Sánchez en materia de vivienda.

La implantación de este tipo de incentivos para fomentar la bajada de precios ya fue recogida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En su Ley de Vivienda presentada en 2017 mencionaba este instrumento «para incentivar la formalización de los nuevos contratos cuya renta acordada sea inferior al 1,5% de la renta del anterior contrato». La PAH, que también ha incidido en la necesidad de imponer penalizaciones fiscales a los propietarios de viviendas vacías, ha anunciado que se reunirá «en breve» con el ministro de Fomento para pedirle un mayor control sobre los precios del alquiler. Una petición en la que incidió este miércoles el equipo de Ada Colau.