El Gobierno dará entre tres y cinco años a las regiones para que regulen la actividad de Uber y Cabify

Una vez transcurrido este plazo, las plataformas como Uber y Cabify solo podrán prestar servicios urbanos si se hacen con las autorizaciones que impulsen las comunidades y los ayuntamientos. Sin embargo, no es descartable que este periodo transitorio se modifique.

Así lo confirman fuentes del sector del taxi a ABC. En principio, la medida quedará articulada en un real decreto-ley que se aprobará previsiblemente mañana en el Consejo de Ministros y que, en principio, no dejará del todo satisfecho ni al gremio ni a las VTC.

Sin embargo, el texto todavía no está cerrado y no ha sido mostrado a ninguna de las partes interesadas. De hecho, varias asociaciones del taxi están amenazando al Ministerio de Fomento con una nueva oleada de huelgas si no reconsidera su postura.

Ayer, Fomento ya se reunió con distintos representantes del taxi para trasladarles la medida. En principio hoy hará lo propio con la patronal de las VTC, Unauto. El contenido del real decreto-ley había sido mantenido en secreto por el Ejecutivo hasta estos días, lo que había despertado el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

La idea de dar un plazo transitorio antes de que las regiones puedan legislar las VTC ya fue mencionada la semana pasada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En una visita a la feria del transporte InnoTrans, en Berlín, el titular del departamento apuntó que tras pasar el periodo transitorio, el Estado podría revocar los permisos para operar cada dos años.

«Hay que contemplar en esa regulación temas de contaminación y medio ambiente, de densidad de tráfico… y todo eso insertarlo en una política de movilidad urbana », explicó Ábalos. Y es que, en principio, las comunidades y los ayuntamientos no tendrán que esperar un lustro para imponer a las VTC limitaciones como que no puedan circular en jornadas con alta contaminación.

Además, la nueva norma también contemplará, según las fuentes consultadas, la posibilidad de revocar licencias cuando los vehículos que las posean sean sancionadas en varias ocasiones.

Con la fórmula de un traspaso diferido, el Gobierno evitará en principio la necesidad de expropiar licencias e indemnizar al sector. Hay que tener en cuenta que varias empresas de VTC ya habían amenazado al Ejecutivo con pleitos millonarios si los ayuntamientos y las regiones imponían a estas empresas la necesidad de contar con una segunda autorización para operar.