El Gobierno cede a Cataluña 830 millones del Estatut y de Cercanías

Según explicó Puigneró a la prensa tras salir de la reunión de la Comisión Bilateral de Infraestructuras Gobierno-Generalitat , el Ejecutivo central aceptó activar ya el traspaso «integral y definitivo» del servicio de trenes de Cercanías, ya operado por la Generalitat, pero cuya titularidad última, así como la propiedad de las vías y las estaciones, sigue en manos del Estado. Si bien ya existía el compromiso previo por parte del Gobierno para dar a Cataluña los recursos necesarios para hacerse cargo del servicio, el compromiso sobre el traspaso de la propiedad de las infraestructuras en ningún caso se había hecho explícito hasta ayer. «Hemos iniciado el trayecto hacia el traspaso integral y definitivo de Cercanías», explicitó Puigneró al dar por «desatascada» una negociación que hace más de diez años que se arrastra y que también afecta a Adif , empresa pública propietaria de vías y estaciones.

Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por ABC matizaron de pleno las declaraciones del vicepresidente catalán señalando que aunque en la reunión la Generalitat sí planteó el traspaso integral del servicio de Cercanías, los representantes del ministerio advirtieron de que ese foro no tenía competencias para tratar este asunto. Desde el Gobierno se interpretaron las palabras de Puigneró como un exceso, informa Guillermo Ginés .

Además de tratar el asunto de Cercanías, Puigneró también salió del encuentro bilateral asegurando que el Gobierno había aceptado abonar hasta 3.500 millones de euros de la denominada disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña . «Una primera parte, los 559 millones de euros que forman parte del pago del año 2008, a los que el Estado está obligado en cumplimiento de una sentencia judicial, se llevará a la próxima Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales », resaltó. «Esperamos que en el verano ya se haya establecido cómo se podrá hacer efectivo este pago», remarcó Puigneró tras la reunión de la bilateral. Junto a esta partida, el Gobierno aceptó traspasar otros 270 millones por el déficit de explotación de Cercanías .

La partida con más calado político es la relativa a la disposición adicional tercera del Estatut. Según esta disposición, de carácter no vinculante, la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras nunca debe ser inferior proporcionalmente al peso de la comunidad en el PIB nacional. Con este pacto, Cataluña intentó fijar una suerte de blindaje en materia inversora que desbarató posteriormente el Tribunal Constitucional , que en su sentencia de 2010 no consideró inconstitucional la adicional tercera, pero sí señaló que la misma no limitaba el margen del Estado en la definición de su política de inversiones. La adicional tercera podía ser una guía a la hora de diseñar las partidas, pero en ningún caso era una cláusula de obligatorio cumplimiento.

La reunión entre la Generalitat y el Gobierno acabó ayer sin ninguna mención explícita a la millonaria inversión para ampliar el Aeropuerto de El Prat que se pactó en la anterior bilateral, celebrada en verano. En ese momento, el Govern negoció un desembolso de más de 1.500 millones, pero el Ejecutivo se echó atrás al constatar que las divisiones entre Junts y ERC hacían inviable una iniciativa que también sumó las críticas de los comunes y de la CUP .