El Gobierno británico garantiza la continuidad de los vuelos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE)

Londres ya señaló en octubre de 2018 que adoptaría un «enfoque pragmático para asegurar» los vuelos y proteger a las compañías aéreas británicas que vuelan a Europa. Ambas propuestas garantizarán la conectividad área en cualquier escenario como hasta ahora.

El Gobierno británico espera que estas medidas de contingencia no sean necesarias, ya que los esfuerzos se centran en lograr un acuerdo con la UE. De hecho, solo entrarán en vigor si Reino Unido deja la UE sin acuerdo.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte britándico ha afirmado que «alrededor de 164 millones de pasajeros viajan entre el Reino Unido y la UE cada año, por lo que estas medidas garantizarán que los pasajeros puedan continuar tomando vuelos de negocios y de placer en un escenario sin acuerdo».

Los equipos negociadores del Parlamento europeo y de los Veintisiete cerraron en febrero un principio de acuerdo sobre las medidas de contingencia para reducir los daños en el sector aéreo en caso de que fracasen las negociaciones para un divorcio ordenado y el Reino Unido salga por las bravas del club comunitario el próximo 29 de marzo.

El principio de acuerdo, pendiente aún del visto bueno formal de la Eurocámara y los Veintisiete, incluye otras medidas de contingencia para permitir temporalmente que las compañías aéreas con licencia británica presten servicios básicos de transporte aéreo entre el Reino Unido y los países de la UE.

La Eurocámara ha planteado dar a las compañías aérea u n plazo adicional de un año para que presenten su plan (hasta marzo de 2020) y los Veintisiete apostaban más bien por una prórroga de siete meses, es decir, hasta el 29 octubre de este año. El consenso logrado supone que las aerolíneas deberán cumplir «plenamente» con las exigencias comunitarias «a más tardar en un plazo de seis meses, a partir de la aplicación del reglamento».

Estos derechos estaban supeditados a que Reino Unido otorgase derechos equivalentes y al respeto de condiciones que garanticen una competencia leal. El plan prevé darles siete meses para asegurar la continuidad de los servicios públicos mientras las autoridades nacionales realizan las adaptaciones que requiere la nueva situación.