Las gasolineras «low cost» provocan el vuelco del sector

El número de estaciones de servicio ha seguido creciendo en España durante la crisis a costa de las grandes petroleras

JAVIER GONZÁLEZ

02/05/2016
Actualizado a las 08:52h.

El sector de las estaciones de servicio en España está liberalizado, por lo que cualquier ciudadano puede tener una gasolinera. Para ello deberá acometer al principio una inversión elevada (entre 200.000 euros y más de un millón) y contar con las innumerables autorizaciones de ... todas las administraciones implicadas. Las gasolineras pueden ser de bandera , es decir, de una de las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, BP, etc...), de otras marcas, de hípers y supermercados, cooperativas (mayormente agrarias y de pesca), de profesionales (taxi y flotas de camiones y autocares), de marca blanca y desatendidas (no tienen personal). Todas venden gasolinas (de 95 y de 98 octanos) y gasóleos (de automoción, agrario y de calefacción). Tanto las cooperativas como las estaciones de servicio para profesionales solo suelen ofrecer gasóleos, combustible que utilizan las flotas de taxi, autocares y barcos.

En nuestro país había 10.947 puntos de venta de carburantes al por menor al acabar 2015, lo que supone 235 más que el año anterior . Este aumento se ha dado entre las gasolineras en hípers y supermercados, marcas blancas y las desatendidas (ya suman unas 500).

Precisamente, en los últimos meses ha surgido una polémica sobre estas estaciones de servicio que no tienen empleados y ofrecen unos precios más baratos (unos 10 céntimos por litro). Mientras sus empresarios subrayan que cumplen con todas las medidas de seguridad y son totalmente legales, las petroleras y los sindicatos las critican duramente por distintos motivos. Esto ha provocado que algunas comunidades autónomas estén legislando en contra de esas instalaciones, como son los casos de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia.

"Dos lobbies"

Ignacio Albendea, secretario general de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aese), afirma que «dos lobbies, como son las grandes petroleras y los sindicatos, están intentando obstaculizar con gran agresividad la libertad de establecimiento de las gasolineras desatendidas». Albendea explica que se trata de otro negocio distinto al de las estaciones de servicio tradicionales , como lo pueden ser los cajeros automáticos de los bancos o el "vending" (venta de productos en máquinas expendedoras). Eestas instalaciones cumplen toda la normativa y crean empleo en otros sectores».

Desde la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) exigen «igualdad de condiciones en el cumplimiento de la legislación: las estaciones "low-cost" tienen que cumplir toda la legislación en materia de seguridad, metrología, calidad, etc..., que afecta al resto de las instalaciones de suministro a vehículos. Con esa igualdad como premisa, AOP y sus compañías asociadas están a favor de la libre competencia y no se oponen a ningún formato de distribución. Respetando ese modelo de distribución, creemos en los valores de la marca y de las estaciones de servicio tradicionales: calidad del producto (aditivos, responsabilidad en caso de avería, etc...) y el servicio al cliente».

Precisamente, los únicos que han seguido reduciendo el número de gasolineras y perdiendo cuota de mercado son las grandes petroleras. De hecho, algunas como Repsol (Campsa Express) y Cepsa han iniciado su incursión en el segmento de marcas blancas . La mayoría de estas estaciones de servicio, junto con las de los hípers y las desatendidas son las que se denominan «low cost», ya que ofrecen unos servicios mínimos, cuentan con poco personal –o ninguno– y, lo que es más importante para los consumidores, tienen los precios más bajos. Estas instalaciones carecen de tiendas, lavabos y servicios de agua y aire. Actualmente, suman una cuota de mercado por encima del 20%, frente al 64% que conservan las grandes petroleras.

Las distintas medidas liberalizadoras introducidas en este sector, sobre todo por los gobiernos del PP de Aznar y de Rajoy, han limitado la presencia de las grandes petroleras en beneficio del resto de actores.