Los funcionarios exigen igual dieta que un diputado por usar su coche

«Es contrario a toda lógica y a la idea misma de justicia que una disposición que busca resarcir a los servidores públicos de los costes sufridos y originados por razón del servicio quede en el tiempo como una foto fija e inamovible», argumentaba el sindicato CSIF en una de las enmiendas a los Presupuestos de 2022 que circuló, sin éxito, entre los grupos parlamentarios. «Se hace necesario y urgente proceder a una revisión excepcional y resulta también imprescindible que se determine una revisión periódica de sus cuantías», remachaba. Nada de esto ha ocurrido hasta la fecha y el contador sigue en marcha.

La escalada del precio del carburante en las últimas semanas no ha hecho otra cosa que agravar una situación que afecta a decenas de miles de empleados públicos , que se ven obligados puntual o regularmente a utilizar sus propios vehículos para cumplir con las tareas o funciones de servicio público que tienen asignadas.

El agravamiento del escenario ha hecho que los sindicatos hayan redoblado la presión sobre Función Pública en los últimos días para conseguir una actualización de las dietas por kilómetro que paga la Administración, según han confirmado a ABC fuentes sindicales.

El objetivo es lograr que el Gobierno equipare las dietas por kilómetro que perciben los empleados públicos a las que desde hace años tienen reconocidas los diputados a través del reglamento de funcionamiento del Congreso de los Diputados.

Sus señorías perciben una dieta de 25 céntimos por kilómetro por utilizar su vehículo propio en sus desplazamientos, lo que sitúa la indemnización que reciben del Estado un 30% por encima de la que se reconoce a los empleados públicos.

Los sindicatos de funcionarios consideran que esto supone una discriminación con la que hay que terminar. El Área Pública de CC.OO. dirigió la semana pasada un escrito a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda para que el asunto fuera tratado como materia prioritaria en la próxima reunión de la mesa general de administraciones públicas, el principal foro de diálogo social entre el Gobierno y los sindicatos del sector público.

CC.OO. exige actualizar el real decreto de 2002 que regula las dietas que perciben los funcionarios, por un lado para actualizarlas y que respondan a los costes actuales que se derivan del repostaje; pero por otra para acabar con la discriminación que se produce no solo respecto a los diputados sino también dentro de la propia Función Pública, donde la norma reconoce dietas diferentes según el grupo profesional en el que está encuadrado cada trabajador.

La presión al Gobierno también viene del sindicato CSIF, que ha incluido la actualización de las dietas como una de las medidas ineludibles si se quiere evitar una movilización de los funcionarios en las calles.