Fedea propone que los ERTEs sean compatibles con un nuevo empleo

Según recoge en un informe publicado este lunes, esto permitiría fomentar la movilidad laboral de empresas y sectores con un exceso de mano de obra a otras con empleo creciente tras el impacto de la crisis del COVID-19. En este sentido, han indicado que en este momento solo está permitido el trabajo en otra empresa durante un ERTE con la reducción consiguiente en la prestación.

«La compatibilidad hace más atractiva la movilidad voluntaria de trabajadores y puede suavizar la necesidad de ajustes de plantillas en empresas con dificultades persistentes», apuntan.

Junto a esto, el informe ha planteado una revisión de la cláusula de mantenimiento de empleo durante 6 meses en los ERTE por fuerza mayor, así como de la prohibición de despedir aprobada en el marco del estado de alarma. Sobre el primer punto, ha señalado que ese compromiso debe limitarse a que no existan despidos declarados improcedentes o nulos, y la devolución de cotizaciones exclusivamente a cada trabajador así despedido.

«Sin otra revisión de la cláusula de mantenimiento de empleo puede haber muchas empresas en ERTE por causa de fuerza mayor que terminen en quiebras o concursos , sea porque los despidos llegan demasiado tarde para salvar a la empresa o porque el coste asociado a la penalización acabe siendo inasumible para la empresa», advierten.

Y en cuanto a la prohibición de despedir proponen que, partir del 30 de junio -fecha en que decae esta medida- se vuelva a aplicar el régimen general de despidos y, por tanto, permitir los procedentes por razones económicas, productivas u organizativas relacionadas con la pandemia.

Junto a estas medidas, Fedea ha propuesto de cara a las condiciones de los ERTE más allá del 30 de junio -y que este lunes siguen negociando patronal y sindicatos con el Gobierno- un proceso en dos fases, con la prórroga de los de por fuerza mayor hasta finales de septiembre y su transformación casi automática en ERTE ordinarios a partir de octubre en los sectores más afectados por la crisis.

También han abogado por una revisión del esquema de exoneración de cuotas para mejorar los incentivos a la recuperación de la actividad y una mayor flexibilidad para afectar o desafectar trabajadores según evolucione la actividad de las empresas.

Junto a esto, urgen a reforzar las acciones de empleo y formación , diseñar un nuevo programa de incentivos a la contratación, modernizar las oficinas de empleo y apoyarse en la colaboración público-privada para facilitar la movilidad de los trabajadores afectados por la crisis del COVID-19.