Díaz manda a la Inspección a detectar «esclavitud» en el campo

Una referencia que ha indignado a las organizaciones agrarias, quienes aseguran que en las explotaciones se cumple escrupulosamente con la Ley y que «están acostumbrados a las inspecciones», en palabras del presidente de Asaja Pedro Barato. « El campo tiene las puertas abiertas : no tenemos nada que esconder», añade. En una línea similar, el secretario de organización de COAG Andalucía Eduardo López ha considerado «inaudito e insólito» que «nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones» y pide al Gobierno « no confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria ». Un problema que considera es competencia de las administraciones y que intentan «endosárselo» a los agricultores.

Desde el lado sindical, el secretario general de UGT- Fica Emilio Terrón, cree que «debiéramos entender como algo norma l, que haya continuamente inspecciones durante las campañas del campo» y denuncia incumplimientos en los convenios colectivos en autonomías como Aragón o Cataluña. Especialmente, en lo referente al nuevo salario mínimo.

El cuestionario filtrado recomienda también una serie de preguntas dirigidas al trabajador sobre aspectos como la documentación, la existencia o no de «violencia física o verbal y amenazas» , de «restricciones a la libertad de movimiento» (alambradas, guardianes, etc...) o «a las comunicaciones con su entorno y con sus familiares». Unas preguntas que, según el documento,«se pueden considerar en cierto modo ajenas a la actuación de la ITSS (Inspección de Trabajo de la Seguridad Social)» y que se recogerían «para el conocimiento del actuante ya que pueden ampliar su visión sobre la trata de seres humanos (y, en su caso, la explotación laboral)».

En el mismo apartado se reconoce «que las cuestiones de este apartado suelen ser abordadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la visita conjunta». Fuentes del sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, han confirmado que es «una labor ajena a la Inspección de trabajo» y han considerado la inclusión de este tipo de contenido como «algo no habitual».

El documento filtrado también expone los ámbitos de actuación de estas inspecciones (condiciones laborales, medidas sanitarias por el Covid-19, alojamientos, afiliación y cotizaciones o el trabajo de extranjeros...) y contiene aspectos técnicos como la cooperación entre los inspectores y las Fuerzas de Seguridad del Estado durante las labores de inspección (investigación previo, visitas conjuntas...). Para Terrón (UGT) «en un mes y medio un inspector de trabajo no puede hacer una radiografía de la situación en el campo español».

Fuentes del Ministerio de Trabajo, han apuntado a ABC que el citado cuestionario ya existía antes de la llegada del actual equipo ministerial de Yolanda Díaz (Unidas Podemos) - «hace más de tres años: no hay novedad» - y han circunscrito las referencias a la explotación laboral o a la esclavitud a un protocolo compartido con el Ministerio del Interior, en la línea de lo que sucede con la prostitución. De igual modo, han negado que haya alguna actuación extraordinaria en marcha.

Sobre el documento filtrado, la portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) Mercedes Martínez, ha apuntado que el objetivo es «orientar a la persona del inspector y homogeneizar las actuaciones» . En este sentido, ha explicado que «estas notas son específicas de cada campaña» y que, en el cuestionario, «hay preguntas incluidas antes» aunque no ha descartado que «el informe del relator de la ONU haya podido influir».

En cualquier caso, Martínez ha añadido que también existen instrucciones específicas para otro tipo de prácticas laborales como los ERE o en el caso de campañas europeas. En cuanto a la presencia de agentes de la Guardia Civil o la Policía en las inspecciones, criticada por alguna organización agraria, la portavoz de UPIT ha explicado que son «habituales» y que también se producen en otros sectores como la hostelería o el ocio nocturno.

Fuentes de CSIF han mostrado su «malestar» porque la titular de Trabajo, Yolanda Díaz no haya recibido todavía a la denominada Plataforma de la Inspección de Trabajo, en la que están representados todos los sindicatos (CSIF, UGT, Comisiones Obreras, UPIT, etc.).

En este sentido, han recordado que, desde la vigencia del estado de alarma decretado por el Covid-19 el pasado 14 de marzo, la Inspección de Trabajo ha estado teletrabajando y limitando sus actuaciones a todo lo relacionado con la pandemia (prevención de riesgos laborales, por ejemplo). Ahora, han apuntado estas fuentes, con la desescalada la Inspección ha extendido sus actuaciones a la búsqueda de fraudes relacionados con los ERTEs, el empleo irregular y algunos sectores económicos concretos, incluyendo visitas de inspección como antes del confinamiento.