Bruselas abre la puerta al almacenamiento de lácteos y carne para luchar contra el impacto del Covid-19

Bruselas, además, pretende autorizar una mayor flexibilidad en los programas de apoyo al vino, las frutas y verduras, el aceite de oliva y la apicultura y permitir que los productores de leche, flores y patatas se organicen entre ellos para mitigar el impacto de la enfermedad.

El objetivo del Ejecutivo comunitario es adoptar formalmente estas medidas antes de que acabe el mes , pero antes deben ser debatidas y aprobadas por los Estados miembros: «Confío en que alivien los mercados y muestren rápidamente resultados concretos», ha expresado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

Bruselas ha remarcado que el sector agroalimentario europeo está demostrando su «solidez» en estos momentos «sin precedentes», pero «algunos mercados han sido golpeados especialmente fuerte por las consecuencias de esta crisis de salud pública».

Así, la Comisión propone dar ayudas para el almacenamiento privado de leche desnatada en polvo, quesos, mantequilla y carne de vacuno, caprina y ovina. El esquema permitiría la retirada temporal del mercado de productos durante un periodo mínimo de dos o tres meses y como máximo de cinco o seis meses.

El objetivo de esta iniciativa es reducir el exceso de oferta de estos productos para que los precios se reequilibren en el largo plazo.

Por otro lado, Bruselas plantea introducir flexibilidad en la aplicación de los programas de apoyo a los sectores del vino, frutas y hortalizas, aceite de oliva y apicultura para reorientar las prioridades de financiación a medidas de gestión de la crisis.

Por último, la tercera medidas contempla una derogación excepcional de las normas de Competencia europea s para permitir que los operadores de los sectores de leche, flores y patatas puedan organizarse entre ellos para adoptar medidas que estabilicen el mercado.

Esto les permitiría acordar la retirada colectiva de productos o el almacenamiento de los mismos. Estos acuerdos estarán permitidas durante un periodo máximo de seis meses y las autoridades europeas vigilarán la evolución de los precios para evitar «efectos adversos».