Una cumbre de expectativas y con pocas medidas concretas

Objetivo de la reunión

Generar un marco institucional que promueva la estabilidad financiera con un especial énfasis en la supervisión y la regulación.

La crisis financiera ha mostrado que una regulación y supervisión nacional inadecuadas tiene repercusiones globales. La creación de un regulador global no es un objetivo creíble ni probablemente deseable, pero los colegios de supervisores que existen en Europa -que básicamente comparten información y son foros de discusión- se quedan cortos. La supervisión debe ser lo más coordinada posible a nivel internacional.

Una organización financiera

Algunas entidades financieras proponen crear una organización al estilo de la Organización Mundial de Comercio.

Debería estar dirigida por un cuerpo independiente de expertos, de la que formarían parte los países que superaran determinados requisitos (la regulación seguiría siendo nacional). Los bancos de países no incluidos no podrían desarrollar sus actividades en los países integrados en la nueva organización. El objetivo es ambicioso y es posible que Estados Unidos no esté dispuesto a aceptar un organismo que le dicte estándares de regulación-supervisión, pero podría tener apoyos en Europa.

Reforzar el FMI

Conviene potenciar la capacidad financiera del Fondo Monetario Internacional para apoyar la estabilidad económica de los países emergentes.

El primer ministro británico, Gordon Brown, es uno de los máximos partidarios del reforzamiento del FMI. Hay que redefinir el papel de ayuda a los países en desarrollo, pero para ello se necesitan mayores aportaciones económicas, sobre todo de Asia, y en particular de China. También de los países productores de petróleo, aunque son más remisos.

Asimismo, algunos expertos consideran que el G-7 -como foro de discusión más ágil, pero razonablemente representativo- debería cambiar su composición y estar constituido, por ejemplo, por Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Brasil, India, China y Arabia Saudí.

Armonizar el «core capital»

Revisar en su definición y magnitud las medidas de capital a aplicar en el marco de Basilea II.

El «core capital » o coeficiente de solvencia básico, establece los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. El objeto de esta revisión es unificar los criterios para no distorsionar la competencia y limitar el apalancamiento de las entidades financieras.

Ejemplos claros de las distorsiones en la competencia se están produciendo en las recapitalizaciones de muchas entidades europeas con inyecciones por parte de sus estados. Es decir, con nacionalizaciones parciales. En estas intervenciones directas de los gobiernos se está produciendo una reclasificación de activos entre los diferentes tipos de capital o Tier. Así, en Francia, el Gobierno invertirá en las principales entidades financieras por medio de préstamos subordinados que calificarán como Tier I, cuando normalmente califican como Tier II.

Además, en Holanda, Reino Unido y Bélgica las inversiones se han realizado mediante participaciones preferentes, aunque consolidarán como «core capital» (normalmente califican como Tier I). Tomando como ejemplo al Santander -que esta semana ha realizado una ampliación de capital de 7.200 millones para elevar su «core capital» del 6,3% al 7%-, si se hiciera una reclasificación similar a la de sus competidores europeos, algo que probablemente el Banco de España no consentirá, el «core capital» se situaría por encima del 12%, con lo cual queda patente la evidente pérdida de competitividad con sus homólogos.

Agencias de «rating»

Tomar medidas para evitar los conflictos de intereses.

El debate se centra en si las agencias de «rating» deben seguir siendo privadas o si tendrían que ser estatales. Es decir, organismos sin ánimo de lucro. Los contrarios a la nacionalización sí apuestan por establecer fuertes sanciones económicas o la retirada de su licencia en el caso de que hagan su trabajo mal.

Otras medidas

Existen una serie de medidas en las que todos los expertos coinciden en que deben formar parte de los debates.

Dentro de ellas está el tratamiento de las instituciones financieras no bancarias, respecto a si se debe regular y supervisar cualquier actividad relevante como «hedge-funds» y «private equity», entre otros. También que las reglas de rescate y contabilidad no distorsionen la competencia. Que se establezca una regulación adecuada, no excesiva. Que se respete la libertad de movimientos de capital y de adquisiciones transfronterizas. Por último, que se revise el modelo de originar productos artificiales para distribuirlos cuando no hay demanda para ellos.