El G-20 se convierte en el consejo de administración de la economía internacional

Este cambio, auspiciado por la Administración Obama, ratifica el creciente consenso sobre la mayor representatividad y legitimidad de un órgano compuesto oficialmente por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Con invitaciones puntuales a otros países como España y Holanda.

Sobre todo en los últimos treinta años, el G-8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, incorporada durante la Administración Clinton por razones políticas) ha servido como punto de encuentro para las mayores economías del mundo. Pero sus miembros han sido criticados cada vez más por no representar adecuadamente la nueva economía globalizada a marchas forzadas. Con reproches de elitismo, anacronismo y exclusión de partes tan importantes del mundo como Asia e Iberoamérica.

Ya durante su primera participación como presidente en la cumbre del G-8 celebrada en Italia el pasado mes de julio, Obama dejó entrever sus dudas sobre lo adecuado de esa convocatoria para hacer frente a los grandes retos planteados por la crisis financiera con epicentro en el mercado hipotecario de Estados Unidos. Sus ayudantes llegaron a calificar la cita de L’Aquila como una parada intermedia entre las sucesivas y más relevantes cumbres del G-20 en Londres y Pittsburgh.

A partir de ahora, el G-8 seguirá reuniéndose dos veces al año pero con una agenda centrada en cuestiones de seguridad y política internacional. Aunque esto no quiere decir necesariamente que el G-20 quede monopolizado por los intereses de las economías emergentes, encabezados sobre todo por cuestiones de libertad comercial apenas mencionadas en Pittsburgh.

El impulso acordado hoy para convertir al Grupo de los Veinte en una especie de consejo de administración de la economía mundial también contempla la creación de un sistema de supervisión sobre la forma en que cada uno de sus miembros aplica las directrices económicas acordadas en común. Control que incluirá informes detallados y la ayuda técnica del Fondo Monetario Internacional. Pero sin llegar a establecer un mecanismo sancionador.

En este contexto, se aspira a que el Fondo Monetario, junto al Banco Mundial, protagonicen un nuevo reparto de poderes en el marco de la próxima revisión de cuotas a completar en enero del 2011. Con las economías más avanzadas más o menos dispuestas a entregar al menos un 5 % de su poder de voto en el FMI a las economías en desarrollo más importantes.

La Casa Blanca no ha dudado en calificar esta ambiciosa transformación del G-20 como un “histórico acuerdo” para remediar la falta de realismo en la vigente arquitectura global para la cooperación económica. Además de recalcar el protagonismo de este reforzado foro en los esfuerzos de sus miembros para “construir una recuperación duradera y al mismo tiempo evitar las fragilidades financieras que llevaron a la crisis”.

En lo que respecta a las próximas cumbres de los veinte, la idea es celebrar dos reuniones al máximo nivel durante el próximo año. Una prevista para junio en Canadá, país que durante el 2010 asumirá las responsabilidades de coordinación del eclipsado G-8. Y otra que para noviembre organizaría Corea del Sur, el próximo país llamado a ocupar la presidencia rotatoria del G-20