El Constitucional anula parte del decreto del alquiler impulsado por Ábalos

El Alto Tribunal rechaza, en primer lugar, las medidas planteadas por el entonces Ministerio de Fomento, dirigido por José Luis Ábalos, para dinamizar la oferta en el sector. El decreto encomendaba al departamento «un conjunto de acciones a realizar» entre las que se recogían la movilización de suelo público mediante fórmulas público-privadas, la « reorientación » del Plan Estatal de Vivienda hacia el alquiler y acuerdos entre administraciones para la agilización de las licencias urbanísticas, «priorizando en las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a aquellas que hayan alcanzado acuerdos de este tipo».

Además, el Constitucional cuestiona la disposición adicional tercera, que hacía referencia a «medidas de flexibilidad en la duración de convenios que tengan por objeto la ejecución de determinadas infraestructuras públicas a fin de facilitar el adecuado desarrollo de las actuaciones en ellos incluidas, entre ellas las dirigidas a conectar las ciudades mejorando su accesibilidad».

El tribunal, sin embargo, mantiene los aspectos más polémicos de la reforma, como la ampliación a cinco años (siete en el caso de las empresas) de los contratos del alquiler, la limitación de la subida de las rentas al IPC y la creación de un índice de precios del alquiler.

La decisión del Constitucional se produce después de que el órgano jurisdiccional votase este martes el recurso que presentó en abril el PP contra el decreto. Entonces, el presidente del Partido Popular , Pablo Casado, informó de que el recurso cuestionaba la «extraordinaria y urgente necesidad» de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, y criticaba a éste por basarse en datos y fórmulas «enteramente falsas». El fallo del caso se conocerá más adelante, según han informado a este periódico fuentes del Tribunal Constitucional.

La reforma del alquiler fue aprobada en el último Consejo de Ministros previo a las elecciones generales del 28 de abril. Pese a la insistencia de Unidas Podemos, el Gobierno dejó fuera del real decreto el control de los precios y solo introdujo una limitación de las subidas, que se vinculan desde entonces con el IPC.

Además, el real decreto introduce una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler y un gravamen en el IBI de vivienda vacía.