El año de la confirmación de la promesa colaborativa

Después del «boom», se antoja necesaria una consolidación del modelo. Las empresas colaborativas unas reglas específicas para dejar de dejar de ser la eterna promesa económica y convertirse, de una vez por todas, en una industria al uso.

Al no contar con un reglamento, determinadas sombras como la competencia desleal y la evasión fiscal todavía planean sobre este tipo de actividad. La alegalidad de estas fórmulas ha sido caldo de cultivo para las acusaciones proferidas por los sectores tradicionales a este tipo de plataformas, algunas unas de las cuales han sido prohibidas en los tribunales.

El papel de los reguladores será determinante a corto plazo. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha realizado un informe para determinar cómo encajar esta actividad en el entramado legislativo.

Los resultados todavía no se han publicado, pero fuentes internas del regulador aseguran a ABC que debe crearse una «regulación eficiente» que permita la normalización de este tipo de actividades . Competencia ha apreciado en su consulta que determinados sectores no se ajustan actualmente a la realidad predominante y que la legislación en este tipo de casos es «necesaria y debe ser proporcional». La institución cita concretamente al transporte y su «regulación ineficiente» que impide el desarrollo del mercado.

No es un conflicto sencillo de resolver. Durante este 2015 se ha podido comprobar que el término colaborativo es heterogéneo y su actividad normalmente se encuentra condicionada a normas autonómicas.

Así, Barcelona, que está planteando la posibilidad de imponer una tasa al turismo, ha multado de nuevo a Airbnb y Homeaway por anunciar pisos ilegales. En Madrid, los tribunales han mantenido el cierre cautelar de Uber por competencia desleal al taxi pero han desestimado esta posibilidad en el caso de Cabify . Una inspección de Trabajo ha provocado el cierre de EsLife, una start-up que ponía en contacto a particulares con profesionales de la limpieza.

La situación en Europa es algo distinta, ya que como recuerdan desde la CNMC, muchas ciudades han modificado su legislación para permitir la entrada de los nuevos actores colaborativos. Es el caso de París, Londres o Amsterdam, que han modificado sus leyes para permitir la actividad de plataformas colaborativas. Incluso Bruselas dio un espaldarazo al modelo el pasado mes de diciembre.

«Estas herramientas están basadas en particulares que monetizan su patrimonio. El consumidor se ha convertido en competencia para muchas compañías y que está teniendo un gran impacto económico, por lo que debe producirse un entendimiento», asegura Javier Rovira, profesor de Marketing Estratégico de ESIC.

Las diferencias legislativas son un fiel reflejo de la complejidad del concepto. A qué sector pertenece la economía colaborativa es una pregunta de compleja respuesta. Los colectivos tradicionales acusan a las nuevas plataformas de una intromisión ilícita en su industria . Estas, por su parte, se suelen defender afirmando que son una herramienta tecnológica.

«La economía colaborativa está llena de matices, de grises. Es importante categorizar cada caso concreto y establecer cuál es la relación entre usuario y plataforma . La regulación debe estar basada en datos, no en prejuicios», sostiene Albert Cañigueral , principal exponente del consumo colaborativo en España.

El 2016 puede determinar qué está permitido y que está prohibido. Rovira opina que una nueva regulación «beneficiaría a ambas partes y permitiría organizar una economía con gran potencial que está parcialmente sumergida». El profesor de ESIC se remite a un estudio de la consultora PricewaterhouseCooper que afirma que las principales compañías colaborativas generarán 335.000 millones de dólares en menos de diez años.

El futuro de las plataformas entre particulares pasa por la convivencia, con el sector tradicional. Hace no muchos años, concebir una empresa como BlaBlaCar era impensable. El reto de futuro es que su actividad esté tan normalizada como viajar en autobús.