La comisión de expertos propone subir un 28,6% el gasóleo, un 5,8% el gas y bajar un 6,8% la luz

La comisión, que ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno, considera que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.

El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la UE en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que 'el que contamina paga'.

El documento incluye tres límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.

Propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables, que costean fundamentalmente las compañías eléctricas, y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia «ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España», explica Sanz, presidente de la comisión de expertos.

El informe apunta a que el gas natural jugará un papel importante en 2030 , pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.

Respecto al papel de las centrales nucleares, los expertos estiman que su cierre incrementaría el precio de la electricidad en un 20% y llevaría a duplicar las emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Además, estiman que alargando su vida en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales y piden una revisión del Plan General de Residuos Radioactivos.

En lo que respecta a la generación con carbón, el informe apunta a que con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50 euros por tonelada previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula, por lo que prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en 2030.

El informe también contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación «que, pudiendo ser hoy redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad». Esto podría ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años.

La comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso «para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara» respecto de otras fuentes energéticas alternativas (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes.

Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva de modo ineficiente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.

«Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala», apunta Sanz.

Por ello, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética en todos los escenarios. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. «Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía», explica Sanz.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios ) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas.

En cuanto a la movilidad, la Comisión cree que la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos con energías alternativas, sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables y prestando especial atención al cambio en la fiscalidad, como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia la movilidad sostenible.

Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.

El informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético , pero financiado desde los Presupuestos. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), «siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas», con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes.

Por último, la comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático.