La central nuclear más antigua de españa conocerá el 5 de julio si puede prorrogar su actividad Garoña, cuenta atrás en la recta final

La decisión, en su parte técnica, dependerá del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que tendrá que remitir un informe motivado al Ministerio de Industria a primeros del próximo mes de junio. Hasta ahí, Endesa e Iberdrola como dueños de Garoña no esperan problemas. Nuclenor, compañía que comparten y que ostenta la titularidad directa de la central, ha invertido más de 151 millones durante la última década en poner a punto a la instalación con vistas a no dar ninguna coartada al equipo técnico del CSN.

Es más, a modo de mensaje al Gobierno, Garoña lleva sometiéndose voluntariamente a evaluaciones de organismos internacionales desde 1996. Las tres últimas han sido realizadas por la Organización Internacional para la Energía Atómica -dependiente de Naciones Unidas- entre 2002 y 2003 con la misión OSART; posteriormente en 2005 con la misión PROSPER y de nuevo en 2007 con la misión SCART. Todas ellas acabaron emitiendo conclusiones positivas acerca del estado de la central, lo que ha servido a Garoña para convertirse en una de las referencias internacionales en conservación de centrales atómicas de primera generación.

Lo que no es descartable -es más, se da por seguro-, es que, como está previsto en la legislación, la recomendación del organismo que preside María Teresa Domínguez resulte condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter técnico en la operación y mantenimiento de la instalación pero, en todo caso, la autorización sería positiva.

El dictamen del CSN, sin embargo, no es vinculante para el Gobierno excepto en el caso de que se concrete en una recomendación negativa para la central. De este modo, una vez pasado el rubicón técnico y con el expediente en las dependencias del Ministerio de Industria, la decisión será tan sólo política y dependerá en primera persona del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo reconocen en voz baja altos cargos de su Ejecutivo que no esconden que la hora del dictamen final llega en el peor momento para la central.

Regreso al ideario

Con una crisis económica galopante y una soledad parlamentaria creciente, el presidente del Gobierno aún estrena un gabinete ministerial de cuña más política que técnica para sacar pecho de ideario antes que de hechos. En lo que se refiere a la energía, la reducción del peso de las fuentes nucleares ha sido una de las banderas más destacadas del líder socialista desde la campaña electoral de 2004, y si se trata de echar mano de promesas políticas, el sector sabe que Garoña está en peligro.

El PSOE, de hecho, ya ha comenzado a lanzar «avisos a navegantes» acerca de la suerte que piensa para la planta burgalesa. Esta misma semana el secretario federal socialista de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Hugo Alfonso Morán, defendía en Logroño que el modelo de su partido «no pasa por la energía nuclear», sino por una sustitución progresiva de este tipo de energía «lo antes posible». Sobre el caso de Garoña no se andó con rodeos: «el sistema energético español está en condiciones de sustituir, sin traumas, el cese de producción energética que supondría el cierre de Garoña». El respaldo de esta afirmación se encuentra en que Garoña produce el 2% de la producción energética nacional y el 7% sobre la contribución total de las nucleares, en un contexto de caída de la demanda de energía.

Las tres premisas de ZP

Pero Morán no se quedó ahí y desgranó, en «clave cierre», las tres hipótesis en las que el Gobierno basará su decisión el próximo julio. Entre ellas, tan sólo en una de ellas, la referida a la seguridad de la instalación, pesa la labor del CSN. Los otros dos requisitos que buscará el Gobierno, según Morán, serán que el cierre de Garoña no ponga en riesgo el suministro de energía -lo que él mismo se había encargado de descartar previamente-, y que se puedan establecer mecanismos de intervención en los territorios a que pertenece la central, con el objetivo de crear un tejido empresarial alternativo a la actividad de la instalación nuclear. Éste último, quizá, el más interesante. Según un estudio elaborado por la Universidad de Burgos, la explotación de Garoña tiene un impacto económico directo de alrededor de 30 millones anuales en la zona, con cerca de 300 personas trabajando de forma permanente en sus instalaciones y otros 150 trabajadores haciéndolo de forma temporal. En pleno rally del paro, Moncloa tendría dificultades para justificar el cierre de una industria por razones de ideario político. Como precedente, el país tiene la clausura de la central de Zorita en 2006, que borró de un plumazo la mayor parte de la actividad empresarial de la zona, dejando mano sobre mano a los trabajadores de la comarca.

Sin embargo, las premisas de Morán no son las únicas consecuencias que puede acarrear el cierre de la planta burgalesa. La decisión influirá sobre las autorizaciones que una a una seguirán presentando el resto de centrales nucleares españolas y se tomará, en un sentido o en otro, sin una planificación nacional a largo plazo que tenga en cuenta no sólo la cobertura de la demanda energética de hoy, sino también los riesgos geoestratégicos a que el suministro energético del país estará sometido los próximos años.

Costes del cierre

Menos aún los escenarios más plausibles para la evolución del precio de los combustibles, la propia operatividad del sistema eléctrico en un contexto de aumento del peso de las renovables contra una caída de la producción nuclear, o el más tangible: el coste económico que en tiempos de crisis puede acarrear la decisión para el Estado. Es difícil pensar que si el Gobierno decide cerrar Garoña, los propietarios de la central vayan a quedarse cruzados de brazos si tienen en sus manos un informe técnico que avala la prolongación de la vida útil de la central.

Los riesgos de una decisión política para un expediente técnico pueden pagarse, así, durante años. ¿Lo menos? Que se haga con conciencia.

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