El Gobierno habilita una ventana para que ciertas cajas eviten su nacionalización

Fuentes del sector consultadas por ABC aseguran que esta medida, que la vicepresidenta Salgado no mencionó el viernes en la rueda de prensa en la que explicó el contenido de la norma, está diseñada específicamente para CatalunyaCaixa, que ya anunció hace más de un mes que solicitaría el apoyo de capital público. Argumentan, en este sentido, que se trataría de una cesión del Gobierno a CiU para obtener su apoyo a la convalidación del decreto.

No obstante, según ha podido saber ABC, abogados de otras cajas de ahorros se afanaron ayer en buscar estafetas de correos para enviar cartas certificadas al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) para dejar constancia de que también ellas solicitan esas ayudas del FROB antes de que entre en vigor el decreto. Y es que ha sido la propia patronal de las cajas, la CECA, quien ha dado este consejo a las entidades financieras.

Si finalmente todas las cajas en apuros consiguen que se les reconozca esta petición la nueva norma se habría descafeinado totalmente, y si solo se salva CatalunyaCaixa, sería una discriminación, apuntan fuentes financieras.

Otra de las novedades que incluye el decreto se refiere a la potestad del Banco de España de restringir la obra social de las cajas, el reparto de dividendos y los bonus a directivos y administradores. Según la nueva norma, una vez que haya transcurrido el periodo transitorio que se fija para la recapitalización de bancos y cajas, si una entidad presenta de manera coyuntural un nivel de capital principal inferior al mínimo fijado (el 8% o el 10%), y siempre que la insuficiencia sea menor al 20%, «el Banco de España impondrá restricciones» que podrán afectar a los citados puntos.

El decreto aclara también algunas de las condiciones que conllevará la recepción de ayudas públicas por parte de las cajas de ahorros. Así, la norma establece que las entidades en las que el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) entre como accionista tendrán que asumir ciertos compromisos, entre ellos el aumentar la financiación a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se exigirá que se reduzcan los costes de estructura y que se incluyan mejoras de gobierno corporativo.

Sin embargo, finalmente el Ministerio de Economía ha suavizado su objetivo inicial de que la entrada del FROB en las cajas supusiera el cese de los gestores anteriores. De este modo se hace eco de otra de las exigencia de los nacionalistas catalanes.

Y mientras las reacciones a la norma se sucedieron ayer. La vicepresidenta Salgado aseguró ayer en París, en la cumbre del G-20, que todo el mundo la había felicitado por la reestructuración del sector financiero.

El líder del PP volvió a dejar en el aire su posible apoyo al decreto, que condicionó a que se vuelva a dar crédito. Y es que, según ha podido saber ABC en las filas populares, especialmente en las gallegas, ha sentado mal el trato que sean precisamente estas entidades las más perjudicadas por la nueva regulación. Por su parte el vicepresidente de la CECA, y presidente de Ibercaja, Amado Franco, aseguró ayer que el decreto aprobado por el Ejecutivo es muy duro y discriminatorio para las cajas de ahorros.