Blanco insta a la banca a bajar el precio del suelo para reactivar el mercado

Tras los llamamientos a la transparencia y un «road show» destinado a estimular la demanda de los inversores extranjeros subyace el peligroso legado de la burbuja inmobiliaria, un millón de viviendas sin vender.

El ministro ya anticipó durante su intervención en la comisión de Vivienda del Congreso la que es su receta para drenar el «stock» inmobiliario. El equilibrio entre la oferta y la demanda pasa por aplicar el bisturí sobre el importe de las viviendas. En sus palabras, «ofrecer precios más competitivos en aquella tipología de vivienda y suelo en que el exceso de oferta es más evidente». Un mensaje que, una vez más, transmitió ante las entidades presentes en estas reuniones: es necesario bajar los costes del suelo para aglutinar capital privado y reducir el número de inmuebles sin demanda.

«El Gobierno está examinando en este momento hasta qué punto estarían dispuestas a ceder las entidades en la fijación de precios», subrayan fuentes presentes en el encuentro. El «destape» motivado por las presiones del Banco de España ha puesto de relieve que bancos y cajas, en la actualidad, son las mayores inmobiliarias del país, cuyos activos reflejan un valor real muy inferior al que asignaron cuando los adquirieron. Una rebaja adicional abriría, por tanto, una brecha aún más profunda. Públicamente, el ministro de Fomento ha defendido el ajuste de los precios, aunque con vacilaciones. Poco después de sugerir la necesidad del recorte, el ministro sorprendió con unas declaraciones contradictorias. «Animo a comprar una vivienda. Es el momento óptimo y se contribuiría a resolver entre todos los problemas que tenemos, como el del exceso de “stock”», declaró Blanco.

Las entidades aceptan de buena gana las propuestas que atañen a la ley de Suelo y aquellas que contribuirían a introducir una «mayor flexibilidad en el crédito promotor», pero reconocen de puertas adentro cierta indignación con la «sugerencia» de ajustes de precios. Aseguran que las estadísticas no recogen el recorte real que se ha producido en el mercado de la vivienda, cercano, como mínimo, al 30%. Pero la demanda en tiempos de crisis representa un bien escaso y el Ejecutivo es consciente de que el éxito de su «tour» del ladrillo, tanto para el mercado internacional —con especial interés en el mercado británico y alemán— como el español, dependerá, en buena medida, de su política agresiva de precios.

El mensaje del Ejecutivo en las primeras reuniones fue claro. Dada la fragilidad de la economía española y los compromisos de reducción del déficit del Estado, el Ministerio trazó, desde el comienzo de las reuniones, una línea infranqueable. No se efectuarán concesiones que vayan en detrimento de las arcas públicas.

«Tenemos que buscar todos soluciones, pero en ningún caso se puede trasladar al sector público un problema que es del sector privado», advirtió el ministro. De hecho, las propuestas se centran, mayoritariamente, en modificaciones legislativas. La reducción del importe de los activos inmobiliarios se complementaría con otras medidas para «agilizar» la absorción del excedente, con acento en reformas que sirvieran para incrementar la seguridad jurídica y aligerar las tramitaciones urbanísticas.

En ese intento de proteger a toda costa el Tesoro público, Fomento también propuso crear una entidad en la que depositar los activos tóxicos (las viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias) que engrosan los balances de las las entidades.

Por otra parte, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, estaría dispuesta a rebajar en medio punto la exigencia máxima de capital básico de las cajas de ahorros a una horquilla situada entre el 9 y el 9,5%, frente al 9 y el 10% anunciada hasta ahora, según Ep. Las cajas consideran exageradas las nuevas exigencias de capitalización establecidas por el Gobierno y reclaman el mismo trato que a los bancos, que deberán contar con un mínimo de capital de disponibilidad inmediata del 8%,