El Banco de España advierte contra la «pérdida significativa del impulso reformador»

De acuerdo con los consejos del brazo ejecutivo de la UE, España debe aplicar las recomendaciones para la zona del euro, adoptando en concreto medidas para mejorar la productividad , utilizando los ingresos extraordinarios para reducir la deuda pública , apoyando la inversión en los ámbitos señalados como prioritarios y mejorando las capacidades y la empleabilidad de los trabajadores.

El organismo advierte de que, en conjunto, en la valoración del Semestre Europeo de 2019 se constata una «pérdida significativa de impulso reformador» , una vez que se han dejado atrás los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera, viendo «especialmente reseñable» el insuficiente progreso en las reformas en los países que registran desequilibrios macroeconómicos.

En este sentido, insta a «aprovechar la posibilidad que brinda la actual fase de expansión para recuperar margen de maniobra en las políticas fiscales nacionales, potenciar el buen funcionamiento del mercado interno y crear condiciones favorables para fomentar la inversión y aumentar la productividad y el crecimiento potencial».

Para favorecer estos avances, explica que la CE considera que los fondos de financiación de la UE podrían orientarse a las necesidades de inversión identificadas para los distintos países.

Además, en la Cumbre Europea del 21 de junio se adoptaron los términos generales de un nuevo Instrumento Presupuestario de Convergencia y Competitividad para la zona del euro, que se incluirá en las perspectivas financieras para 2021-2027 con el propósito de impulsar la inversión y la realización de reformas.

En el ámbito fiscal, el Banco de España señala que, aunque en ocasiones pueden resultar «excesivamente complejas», las reglas del PEC (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y su exigencia a través del Semestre Europeo constituyen una «valiosa hoja de ruta» de cara al necesario proceso de consolidación de las finanzas públicas en España. No obstante, matiza que la efectividad de estas reglas en períodos de ausencia de déficit excesivo es todavía «incierta».

En cuanto a las políticas estructurales, opina que resultaría de interés explorar la creación de comités nacionales de productividad (CNP) en aquellos países donde aún no existan, como España. El propósito de estas instituciones, cuya creación fue recomendada por el Consejo Europeo en 2016, es aumentar la responsabilidad de las autoridades nacionales en la identificación de reformas estructurales que favorezcan el crecimiento de la productividad y la competitividad, y analizar de forma rigurosa sus ventajas e inconvenientes, así como ayudar en su implementación.

En la actualidad existen 11 comités de este tipo en la zona euro (en Holanda, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Francia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica y Grecia). Otros tres países (Malta, Eslovaquia y Alemania) han avanzado mucho en su creación. Pero España, Austria, Italia, Letonia y Estonia aún «no han dado pasos sustanciales en este sentido, más allá del compromiso de crear una institución de este tipo en el futuro».

El organismo supervisor se plantea el reto de crear un marco analítico para valorar con rigor el grado de implementación de las recomendaciones, y apunta que algunas de ellas requerirán un desarrollo en un marco temporal amplio , por lo que considera que la evaluación debería tener en cuenta un horizonte plurianual más allá de los avances alcanzados en un año.

Por otro lado, afirma que la valoración que se hace hasta la fecha, basada en cuatro categorías de cumplimiento, es «poco precisa», por lo que cree que sería adecuado introducir algún sistema «algo más sofisticado» que facilite el seguimiento de su grado de implementación.

Para el caso concreto de España, la CE consideró que se habían realizado avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones específicas de 2018, por lo que las recomendaciones de la CE para 2019 siguieron centradas en el cumplimiento de los objetivos de déficit, lo que requiere un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB .

También se centraron en mejorar la gobernanza fiscal fortaleciendo los marcos presupuestarios y de contratación pública, en acelerar la reducción de la deuda pública, en preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y en la simplificación del sistema de incentivos a la contratación, entre otras.