El autoconsumo eléctrico no ve la luz

El sector de las renovables es el más crítico con esta legislación que considera «penaliza» el autoconsumo. Hay instalaciones autónomas, que no están conectadas a la red eléctrica, y a las que no afecta la nueva normativa. Otras muchas, sin embargo, sí tienen conexión a la red de distribución, para abastecerse en determinados casos, por ejemplo por una avería o cuando no hay sol o viento. Éstas deben pagar una serie de peajes para el mantenimiento del sistema. «Incluso por la energía que llega desde las placas solares al frigorífico de su casa sin pasar por la red», se queja José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA) . Es lo que se conoce como el «impuesto al sol».

El decreto diferencia entre dos tipos de instalaciones. Las de tipo 1, con una potencia inferior a 10 kW, suelen ser propias de uso doméstico, de autoconsumidores que han apostado por colocar placas solares o aerogeneradores eólicos en sus hogares. Estas pueden revertir energía a la red eléctrica, por ejemplo, cuando el consumo de ese hogar sea menor a lo que está produciendo la instalación. En este caso la energía revertida no tiene contraprestación económica. Sin embargo, sí reciben una retribución (según el precio que cotice el mercado en cada hora) aquellas instalaciones tipo 2 con potencia superior a 10 kW que vierten energía al sistema.

El otro escollo económico del que se queja el sector de las renovables es lo que se denomina «impuesto al sol», un «peaje» (así incluso figura en el real decreto) que pagan los autoconsumidores que estén conectados a la red, explica José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). Para entender este canon hay que saber que la factura eléctrica tiene dos partes. Una fija que se llama término de potencia: es el precio fijo que todo usuario paga por la potencia contratada, incluso aunque no realice consumo alguno, por ejemplo si falta un mes de su domicilio. Esta parte también la pagarán los autoconsumidores. En este concepto están incluidos una serie de cargos que van vinculados a los costes que supone un sistema eléctrico para un país. Tales como una retribución para las energías renovables, un coste para las centrales térmicas que sirven de apoyo a la red cuando existen picos de demanda eléctrica, un cargo por dar electricidad a los territorios extrapeninsulares (Baleares y Canarias), etc.

Pero en la factura de la luz también existe lo que se conoce como término variable, que es lo paga el usuario por lo que realmente consume. Aquí también aparecen tasas y costes que se pagan al sistema. Pues bien, el decreto exime de forma provisional de estos cargos a las instalaciones de menos de 10 kW, pero no a las de potencia superior. ¿Y cómo lo hacen? «Miden la energía que el autoconsumidor consume en el contador de su panel fotovoltaico y le cobran la parte de tasas y peajes que corresponde por esa energía que ha producido», cuenta Donoso.

A Donoso le salen las cuentas. Explica que, según diversos estudios, «por cada 100 mW el autoconsumo deja de ingresar anualmente al sistema, en esa parte variable, unos 3 millones de euros. Con una buena regulación, el máximo que generaría este mercado sería unos 400 MW. Es decir, se dejarían de ingresar 12 millones de euros al año para un sistema que recauda 17.350 millones. Una cifra nada preocupante». En su día el ex ministro de Industria, José Manuel Soria, explicó que se ha regulado de esta forma porque «es de justicia» que los autoconsumidores que viertan a la red la energía sobrante asuman parte de todos los costes e impuestos que requiere el sistema. «Si no fuera así —matizó—, esos costes deberían repartirse entre el resto de usuarios que no tienen autoconsumo, por lo tanto se encarecerían sus facturas». Sin embargo, no convence al sector ni a los consumidores de las renovables. Esta normativa «solo ha hecho poner barreras económicas, administrativas y técnicas a este tipo de instalaciones», se queja Donoso. Además, «no desarrolla los requisitos técnicos para cumplir con las obligaciones que establece el propio decreto. El registro realmente se abrió hace dos meses. Por eso pedimos una prórroga hasta diciembre», insiste.

Al final, el sector de las renovables se queja de que, como está regulado, no es rentable producir nuestra propia electricidad de forma más limpia, pues sólo instalar paneles solares o autogeneradores eólicos puede requerir una inversión entre 5.000 y 20.000 euros. Una cantidad que tardaría muchos años en amortizarse con el ahorro que puede suponer generar nuestra propia electricidad, pues al fin y al cabo el autoconsumidor sigue pagando cargos y peajes a la red eléctrica. Algo sobre lo que no se ha querido pronunciar la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) al ser consultada por ABC Empresa.

«Quieren evitar que la gente se convierta en productor de energía. Además es complicado adaptarse al decreto. Por ejemplo, tienes que poner tres contadores: uno para registrar la energía consumida, otro para la que mandas a la red y otra por la que recoges. Al final el beneficio económico te lo gastas en la instalación», asegura González Moya.

La situación ahora es que muchas instalaciones digamos que han quedado en el limbo de la legalidad. «La gente está expectante de que se modifique la ley. Hay instalaciones no inscritas , otras que se han desconectado por miedo a una sanción y otras que no se han adecuado a la normativa y están en riesgo de ser multadas con un régimen sancionador que equipara las faltas graves a incidentes que pueden ocurrir en centrales nucleares», explica González Moya. Sanciones que pueden variar entre los 600.000 euros y 60 millones.

A la espera de la formación de un nuevo Gobierno, existe un pacto entre todos los partidos políticos, a excepción del PP, para cambiar la normativa y hacerla, en opinión de Gómez Moya, «más razonable y adecuada», González Moya. «No tiene sentido que el autoconsumidor tenga que pagar por la energía que generan sus placas solares y que consume en su hogar», asegura.