La Audiencia Provincial de Madrid ordena que se reabra la investigación a Rato por blanqueo de capitales

Los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que Rato «ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública». De este modo, se estima parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento, el pasado 24 de mayo, de esta pieza separada, si bien acuerdan que se mantenga el archivo provisional del delito de cohecho, incluido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe.

La Audiencia considera que esta conducta puede ser constitutiva de un delito de blanqueo de capitales, e instan al juez instructor, Antonio Serrano-Arnal, a que lleve a cabo las diligencias pertinentes.

La Audiencia recuerda que a partir del año 2006 Westcastle y Red Rose canalizaron los fondos que manejan a través de las sociedades Vivaway y Kradonara, investigadas como los presuntos instrumentos para la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública.

Dado que todas ellas pertenecen "a la misma persona", Rato, interesa establecer qué cantidad de dinero llegó de las dos primeras hasta las segundas, que la UCO sitúa en torno a los 8 millones de euros.

Los magistrados coinciden con el juez del caso, que reprochó a la UCO haber realizado un informe basado en "sospechas sin sustento" al asegurar que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro pagaron casi 83 millones por campañas de publicidad en medios , a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia.

Refutan así una de las conclusiones de la UCO, que señalaba a COR Comunicación como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones).

Además, recuerdan que, de tener en cuenta el plazo de prescripción de este tipo de delitos -15 años- "cualquier responsabilidad derivada de ellos está extinguida".

La Sala no se pronuncia sobre si debe o no debe investigarse la actividad de estas sociedades con una pieza separada, una decisión que corresponde al juez instructor, aunque recuerda que este tribunal "ya se ha pronunciado sobre el acierto de incoar piezas separadas"

El pasado mayo, el juez Antonio Serrano-Arnal, archivó forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el exministro al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en "sospechas sin sustento".

En su auto, el magistrado se oponía a seguir con las pesquisas instadas por la UCO , que en su último atestado alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron casi 83 millones por campañas de publicidad en medios , a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia.