La Audiencia Nacional impone comparecencias quincenales al exdirectivo de Novacaixagalicia, Gregorio Gorriarán

La Fiscalía reclama a Gorriarán 913.602 euros que considera indebidamente cobrados de la indemnización percibida. En total, pide que los cinco antiguos directivos de Caixagalicia y Caixanova, ahora fusionadas, devuelvan, al menos, 7,8 millones de euros. Gorriarán ha llegado a la Audiencia Nacional poco antes de las 10.00 horas de este martes para comparecer en una declaración en la que ha afirmado que la prestación respondía a un concepto de gratificación por los servicios prestados y que el no tenía poder de decisión en esta materia, según las fuentes consultadas. Ha afirmado que era otro de los directivos imputados José Luis Pego quien mantenía las relaciones con el Banco de España, por lo que él desconocía si este organismo o el Consejo de Administración de la entidad estaba informado sobre la mejora del contrato.

El primer imputado que compareció ante el juez fue el exdirector general adjunto ejecutivo de la entidad, Javier García de Paredes, que dijo que el banco ahorró 1,5 millones de euros en intereses al cobrar anticipadamente por capitalización los 5,36 millones de su prejubilación. Mañana comparecerá Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración y el viernes será el exdirector general de la caja única, José Luis Pego, quien se presentará ante el juez. Por último, el próximo lunes le tocará el turno al excopresidente Julio Fernández Gayoso. A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España. Además, Anticorrupción reclama 260.940 euros a Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.

Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron «con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia», nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. Apunta además que los exdirectivos «dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB)». El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad , tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su «verdadera» situación patrimonial y otras tres compañías.