El Gobierno asturiano estudia acciones legales contra el Ministerio de Hacienda

Así, a través de una nota de prensa, el Ejecutivo regional ha confirmado que ha dado traslado de las manifestaciones realizadas hasta la fecha por el Ministerio a sus servicios jurídicos, a fin de que «procedan al estudio de las mismas con el objeto de impugnar cualesquiera medidas que se puedan llevar a cabo, así como a formular las reclamaciones, por vía de responsabilidad patrimonial, por los perjuicios que las mismas ocasionen al Principado de Asturias, como pudiera ser el encarecimiento de su financiación a corto y largo plazo».

El Gobierno considera que el comportamiento del departamento dirigido por Cristobal Montoro es «desleal», «irrespetuoso», «antijurídico», y además «contraviene frontalmente todas las manifestaciones del principio de lealtad institucional contenidas en el artículo 9 de la Ley de Estabilidad ». Añaden que tras la remisión el pasado viernes del Plan Económico Financiero (PEF) del Principado de Asturias 2012-2014, el Ejectivo regional no ha tenido ninguna comunicación oficial con el Ministerio ni éste le ha planteado duda alguna acerca de su viabilidad. «No consta oficialmente el rechazo del plan, ni siquiera algún tipo de reparo, objeción o petición de documentación adicional a la remitida que haga presumir, siquiera indiciariamente, una eventual oposición del Ministerio a PEF remitido», explican.

Desde un punto de vista jurídico, el Principado es de la opinión de que el Ministerio «nunca debió aparecer amenazando a una comunidad autónoma con la tutela de sus cuentas y menos, aun, sin especificar los motivos que, con arreglo a la citada Ley de Estabilidad, justifican una pretendida medida de tanto calado».

El Principado sostiene que las auténticas razones del Gobierno de España para emitir una nota de prensa así no son presupuestarias o financieras, sino políticas, «en un intento de tutelar el procedimiento de elección de Presidente del Principado, lo que supone una ingerencia intolerable de un ministro de Hacienda en los asuntos propios de una Comunidad Autónoma».

Recuerdan que la Ley Orgánica 2/2012, Ley de Estabilidad en la que Cristobal Montoro basa su actuación, establece diferentes mecanismos de control del déficit de carácter progresivo, los cuales exigen para su adopción la tramitación del correspondiente procedimiento, sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación alguna del Ministerio, no constando ni siquiera respuesta a los planes de ajuste presentados ante el Ministerio cuando el artículo 19 de la citada norma «requiere una advertencia motivada con audiencia de la Comunidad autónoma interesada, concediendo plazo de un mes para adoptar medidas, plazo previsto incluso con carácter previo para la adopción de las medidas automáticas establecidas en la ley».

El Principado sostiene además que la polémica nota de prensa supone un «profundo desconocimiento» o «desprecio de la figura del Gobierno en funciones, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, del concepto de interés general, y de las relaciones constitucionalmente establecidas entre las diferentes administraciones públicas que componen el Estado, «basadas en un principio de lealtad y respeto institucional, existiendo un evidente intento de interferir en el proceso de elección del Presidente del Principado».