Los asesores fiscales, atemorizados por las denuncias provocadas por la «sentencia Messi»

Esta condena simbólica ha dado alas a que la Abogacía del Estado y la Fiscalía hayan incrementado sus denuncias contra asesores fiscales en juicios por delitos fiscales . « Hacienda se siente respaldada para hacer lo que quiera con esta frase », asevera Alemany, que reclama normas claras y una «mayor especialización de los jueces de lo penal».

A esta tendencia se suma la posibilidad de que la transposición de la Directiva sobre Intermediarios Fiscales (DAC 6) elimine el secreto profesional para los asesores, lo que puede obligar a que comuniquen datos de sus clientes ya que el secreto de los asesores no está regulado, aunque lo prevea la Ley General Tributaria, señala el vocal responsable de Estudios e Investigación de AEDAF, Javier Gómez Taboada. Otros países como Alemania, Eslovaquia, Polonia o República Checa sí han regulado el secreto profesional de los asesores, por lo que no les afecta con tanta fuerza esta directiva.

Otro de los asuntos fiscales que han merecido las críticas de la Aedaf es la obligación de los contribuyentes en la actual declaración de la Renta a tener que informar por internet, ya que se ha suprimido la predeclaración en papel este ejercicio, el último resquicio físico que restaba en la Campaña de la Renta.

« Esto deja fuera a 350.000 contribuyentes , sobre todo de la España vacía», ha arremetido Gómez Taboada, quien también ha reconocido que gracias a esta informatización la Agencia Tributaria es la segunda más moderna del mundo, tras la estadounidense. «Simplemente se debería dejar abierta la posibilidad de presentar en papel para quien lo desee, que la posibilidad de presentarlo online no sea obligación», resume.

La otra puntilla para los asesores consiste en la perenne declaración de bienes en el exterior, la medida estrella del Gobierno de Rajoy contra el fraude fiscal que consiste en obligar a los contribuyentes con más de 50.000 euros en el extranjero en forma de acciones, cuentas o inmuebles a declararlo año a año a Hacienda.

La Comisión Europea en un dictamen motivado que vio la luz hace escasos meses detallaba que esta obligación vulneraba cinco libertades fundamentales de la Unión Europea , después de haber abierto un procedimiento de infracción a España por sus excesivas sanciones –que pueden llegar a ser del 150% o de 100 euros por dato omitido con un mínimo de 1.500 euros– y su imprescriptibilidad –a diferencia de otras irregularidades fiscales, estas no prescriben a los cuatro años, lo que ha aflorado casos de hace décadas–. Bruselas dio en 2015 dos meses a Hacienda para cambiar la Ley pero desde entonces, ningún Gobierno ha modificado la norma.

El abogado de DMS Consulting, Alejandro del Campo, alerta de que Bruselas denunciará a España en breve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que puede acarrear que el Estado devuelva lo cobrado indebidamente por las sanciones impuestas a los contribuyentes afectados con intereses de demora , en un caso de responsabilidad patrimonial.

Por ello, el miembro de la Sección de Derechos y Garantías de la Aedaf, Esaú Alarcón, ha reclamado a los empleados de la Agencia Tributaria que se rebelen y no cumplan estas sanciones ante la «ilegalidad manifiesta» de la norma. Alarcón cita varias sentencias del TJUE que llaman a no cumplir legislaciones que vulneren libertades de la UE, como es el caso según la propia Comisión, lo que a su entender ampara a los funcionarios de la Agencia.

Hacienda ha defendido que el llamado modelo 720 ha proporcionado un rico caudal de información para la Agencia Tributaria que ha servido para reclamar deuda pendiente de 1.100 millones de euros. «La ‘‘lista Falciani’’ no es nada al lado de la información que tenemos con el modelo 720», llegó a decir hace unos años el entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.

Sin embargo, los asesores también discuten que esta información haya sido tan útil para Hacienda y apuntan a que ha habido otra medida que ha proporcionado más datos al Fisco: el intercambio de información automático de cuentas bancarias y otros datos con unos cien países entre los que está Andorra o Suiza (Common Reporting Standard) que entró en vigor el año pasado y que ha empujado a la Agencia Tributaria a este año «avisar» a 2,17 millones de contribuyentes con rentas en el extranjero a declararlas en la Renta. La Aedaf pone el acento en la amplia diferencia entre los 134.310 contribuyentes que en 2013 declararon 88.865 millones de euros mediante el modelo 720 y estos 2,17 millones de rentas para defender que el verdadero cambio ha sido el CRS.