La declaración de bienes en el exterior vulnera cinco derechos fundamentales de la UE

La declaración de bienes en el extranjero fue la medida estrella de la Ley antifraude que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó tras permitir la amnistía fiscal. Si esa medida era la zanahoria, esta fue el palo. El llamado modelo 720 obligaba a aquellos que tuvieran más de 50.000 euros en cuentas, acciones, inmuebles o derechos en el extranjero a declararlos año a año a la Agencia Tributaria. En caso contrario, las multas pueden llegar hasta el 150% de lo defraudado o ser de al menos 10.000 euros –5.000 euros por dato ocultado–. Precisamente, sus «abusivas» sanciones (en palabras de la Comisión) eran una de las razones por la que la Comisión Europea veía este régimen ilegal , además de que no existe prescripción para bienes no declarados a Hacienda.

«El modelo 720 impone a los contribuyentes obligaciones de información específicas que podrían influir negativamente en su decisión de invertir en el extranjero, o en las decisiones de otros ciudadanos de la UE que deseen trasladarse a España o mantener su residencia en este país, o incluso de entidades financieras extranjeras a la hora de ofrecer sus servicios a residentes españoles», desgrana en el dictamen la Comisión. «Los costes y las cargas administrativas vinculados a esta obligación podrían constituir una restricción a las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», sentencia el dictamen, al que ha accedido ABC.

Las libertades amenazadas son la libre circulación de trabajadores, la de establecimiento, la libre prestación de servicios, de movimientos de capitales, además de que la Comisión rechaza las alegaciones del Ministerio de Hacienda, que entonces arguyó que el llamado modelo 720 estaba dentro de lo reclamado por Bruselas dentro del rescate bancario.

Lo cierto es que el llamado modelo 720 ha sido la principal fuente de información de la Agencia Tributaria desde su implementación: de Rodrigo Rato a Cristiano Ronaldo han remitido información a través de esta obligación, lo que ha despertado sospechas del Fisco hasta las posteriores investigaciones. El modelo 720 ha recibido información de 156.122 millones de euros de más de 100.000 españoles en el extranjero , siendo Suiza, Andorra, Luxemburgo y Bermudas algunas de las jurisdicciones mayoritarias donde descansa este patrimonio.

«Lo que no se entiende, ante un dictamen tan demoledor y visto que España no ha adoptado las medidas requeridas (y la Administración Tributaria sigue aplicando las absurdas y desproporcionadas sanciones y consecuencias derivadas de la no presentación del 720 o de su presentación extemporánea) es que la Comisión Europea no haya tomado ya la decisión de llevar el Modelo 720 ante el Tribunal de Justicia de la UE, que no me cabe duda de que terminará tumbando ese régimen», sostiene Alejandro del Campo, socio del despacho DMS Consulting que, junto al miembro de la Asociación Asociación Española de Asesores Fiscales, Esaú Alarcón, han llevado a los tribunales este régimen.