Las administraciones peor pagadoras: Cantabria (90 días), Jaén (531 días) y la Diputación de Valencia (69 días)

El informe de ATA, en el que se aborda la morosidad de las administraciones públicas , también ha concluido que los tres niveles administrativos (local, regional y nacional) incumplen los periodos de pagos legales, que la Ley establece en 30 días. En concreto, la media en los gobiernos autónomos y el central en el primer trimestre de este año es de 39 días . Mientras que en los ayuntamientos el periodo medio que deben esperar los proveedores para ver abonadas sus facturas es de 60 días. En opinión del presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, «la morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la administración , ni de la población, es cuestión de gestores buenos y malos».

Entre las comunidades autónomas, la que más tarda de media en pagar es Cantabria (90 días) seguida por la Comunidad Valenciana (53 días) , Murcia (49 días) e Islas Baleares (49 días). También por encima de la Ley están Extremadura (46 días de media), Cataluña y Castilla-La Mancha (43 días), La Rioja (42 días), Aragón (38 días) y Asturias (32 días). Cumplen con la normativa, además de destacar por pagar pronto, Castilla y León, Galicia y Madrid, 23 días todas ellas.

En cuanto a la administración local, los expertos de ATA han considerado que «es la peor pagadora porque se demora una media de dos meses». Al respecto, Amor ha admitido que «es increíble que precisamente la administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga» y advertido de las consecuencias sobre la actividad económica de estos autónomos «que se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos» .

Sin embargo, entre los principales municipios españoles, han destacado la ciudad de Jaén como la peor pagadora al tardar 531 días en abonar sus facturas. Le siguen localidades como Jerez de la Frontera (198 días), Granada (177 días), Algeciras (170 días) o Vélez - Málaga (143 días) . Entre las administraciones locales que menos hacen esperar a sus proveedores, además de por debajo del periodo legal de 30 días, la ciudad de Lugo (12 días) , Roquetas del Mar (13 dáis), Torrent (13 días), Gerona (14 días) o Cornellá de Llobregat (16 días).

Entre las diputaciones, la que más hace esperar a sus proveedores es la de Valencia (69 días) seguido del Cabildo Insular de Lanzarote (62 días), la Diputación de Ávila (56 días), la de Almería (49 días) o las de Ibiza y Jaén, con 44 días. Entre los mejores pagadores , Teruel que paga a sus proveedores en 2 días de media seguida por la Diputación de Toledo (5 días), La Coruña (8 días) o el Cabildo Insular de Gran Canaria (12 días) .

Respecto a las empresas privadas, estas tardan de media en pagar a sus proveedores hasta 71 días aunque por tamaño varían entre las micropymes (de uno a nueve trabajadores) donde el periodo medio de pago es de 49 días, mientras que entre las pymes de 50 a 250 trabajadores es de 64 días por 111 de las grandes compañías, con más de 1.000 empleados. Entre autónomos, los pagos se realizan de media en 41 días.

En una línea similar, el Estudio sobre Comportamientos de Pagos de las Empresas Españolas» elaborado por, ha observado que el 53% de las microempresas cumplen con los plazos legales a la hora de abonar sus facturas por el 46% de las pequeñas empresas; un 28% de las medianas o el 12% de las grandes empresas en el periodo entre enero y marzo. Sin embargo, en las medias y grandes compañías se paga con un retraso de hasta 30 días en una proporción del 66% y 82%, respectivamente, frente al 37% de las microempresas o el 47% de las pequeñas.

El estudio de D&B. S.A.U ha estimado, en general, que el periodo medio en que las compañías han pagado sus facturas al cierre del primer trimestre de este año es de 90,21 días . El porcentaje de pagos puntuales es del 47% e inferior al 52% de hace un año aunque mejora respecto al cierre de 2018. Un porcentaje que se dispara al 92%, si contamos con aquellas empresas que hacen esperar hasta 30 días a sus proveedores . Mientras que apenas 2,6% de los impagos se demoran más de 120 días, en la línea con lo observado el año anterior. Todos estos retrasos tienen un coste directo sobre el tejido empresarial de más de 1.800 millones de euros.